La verdad es que la vida últimamente transcurre a una velocidad de vértigo. Vivimos deprisa, es así. Y con la misma velocidad que vivimos, van cambiando los tiempos sin apenas madurarlo. Este hecho está trayendo consigo como consecuencia que no siempre se analicen los problemas con la calma necesaria en busca de las soluciones más adecuadas, constatando que ya han sido puestas en marcha en otros lugares de características similares y que han funcionado correctamente. De igual modo, no siempre hay una evaluación de nuestras acciones, lo cual impide medir su éxito con la certeza necesaria.
Pero es nuestra obligación, como colegiados del Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Castilla-La Mancha, reclamar ese estudio, ese análisis, esa reflexión. Y especialmente hacerlo en aquellos asuntos que más deberían de preocuparnos a todos, puesto que son básicos para el devenir de nuestra sociedad y la construcción de un futuro de garantías para todos.
Entre estos temas, sin lugar a dudas, está el hecho de garantizar a todos los ciudadanos una vida digna, asegurando unas condiciones que permitan desarrollar un proyecto vital propio, independiente y libre. Por desgracia, hoy, en Castilla-La Mancha, esto no sucede.
Según la European Anti-Poverty Network–EAPN , la tasa de riesgo de pobreza hoy está en España en el 21,7%, mientras que en Castilla-La Mancha sube hasta el 27,4 por ciento, siendo una de las cinco comunidades autónomas con mayor tasa de pobreza de nuestro país. Esto además se agrava cuando tenemos en cuenta los ingresos medios por persona, ya que en Castilla–La Mancha ascienden a 10.257 euros, 2.600 euros menos al año que la media española.
Si seguimos analizando datos objetivos vemos el de la tasa AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion) -que hace referencia al porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social-Castilla–La Mancha está entre las más altas: 32,5 por ciento, cuando la media española es del 27,8 por ciento. Estamos también entre las cinco peores.
Y es un hecho que los ciudadanos de Castilla-La Mancha viven peor tras la pandemia. De 2020 a 2021, durante los dos peores de años de pandemia de COVID-19, ha aumentado la tasa de población en riesgo de pobreza, así como el número de hogares con carencias materiales y con dificultades para afrontar los gastos imprevistos y, más concretamente, los relacionados con la vivienda. Son algunos de los datos que arroja la nueva Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Insisto en que es nuestra obligación ser analíticos porque en mi región tenemos hoy casi 10.000 personas en ‘situación crítica’ de pobreza. Cáritas ha advertido de que alrededor de 500.000 personas en la región tienen problemas serios en sus condiciones de vida, hecho que sin duda se agrava con una inflación por encima de dos dígitos que tiene en Castilla-La Mancha a la región más inflacionista del país.
EAPN también advierte de que, en el último año, la carencia de material severa se incrementó hasta el 7,5 por ciento. Crecen igualmente los hogares que no pueden comprar una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días: del 3,5 por ciento al 4,5 por ciento.
El 90 por ciento de las familias numerosas de la región han tenido que reducir el uso de la calefacción durante este pasado invierno, siendo mi tierra en la que, en mayor porcentaje, se ha visto incrementada la tasa de hogares que no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada, que pasa del 10,7 por ciento registrado el 2020 al 17,2 por ciento del año pasado. Además, un tercio de ellas ha tenido que ahorrar en actividades extraescolares y un 15 por ciento en excursiones del colegio, según una de las conclusiones que se extraen del estudio que ha hecho ACAMAFAN.
En cuanto a las familias que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, pasan del 33 por ciento al 36,3 por ciento. Y también sube el porcentaje de familias que han tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda (hipoteca, alquiler, recibos de gas, comunidad): del 6,9 por ciento al 10 por ciento.
Y por si esto fuera poco, el índice de miseria autonómico elaborado por expertos de la Universidad Rey Juan Carlos, que combina la tasa de paro y la inflación, arroja entre sus conclusiones que Castilla-La Mancha se encuentra entre las comunidades autónomas con peores datos, con un 20,21 puntos. Y como colegiados, creo que es nuestra obligación analizar el porqué.
Desgraciadamente, también hace unos días, conocíamos que Castilla-La Mancha va a crecer por debajo de la media nacional en el año 2022, según las previsiones de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), con una previsión de crecimiento del PIB este año del 3,3 por ciento, por debajo de la previsión para la media nacional (4,2 por ciento), dato que se modificará sin duda cuando sea revisado el dato nacional. Según FUNCAS, el PIB de Castilla-La Mancha crecerá este año un 3,3 por ciento y se situará, en términos reales a solo ocho décimas del nivel de 2019, ya que según reza dicho informe: “Su elevada tasa de inflación puede frenar el crecimiento”.
Y es nuestra obligación analizar el porqué de estos datos, pero sobre todo es nuestra obligación dar una respuesta madura, sensata y eficaz para corregirlos. Una respuesta que se ofrezca al conjunto de nuestros paisanos a modo de solución de los graves problemas que estos datos generan para con nuestra gente. Una solución que cambie el futuro de la región, desde el cambio de las acciones presentes. Una solución pensada para el conjunto de los castellanomanchegos.
Porque estos datos demuestran que en nuestra tierra hay muchas personas con dificultades. Detrás de cada dato hay hombres, mujeres, niños que sufren. Proyectos personales que se van al traste porque no se generan las circunstancias necesarias para mejorar. Porque hay que saber que se yerra en ciertas decisiones políticas que traen como consecuencia este escenario.
Desde la moderación, la sensatez, la centralidad y el rigor, afirmo que es nuestra obligación hacerlo y yo, al menos, me pongo a ello.
