En medio de la incertidumbre que genera la crisis economía, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, planteó la necesidad de implementar lo que definió como una “moneda digital de curso legal única y obligatoria”. En una entrevista, el exjefe de Gabinete durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner planteó que la medida formaría parte de “una política de shock” destinada a estabilizar la macroeconomía y eliminar la evasión fiscal, en el marco del reconocimiento de “la existencia fáctica” de un régimen “bimonetario” en la Argentina.
“La idea central es que si vos tenés dólares, yenes o lo que fuera, y querés hacer transacciones, lo podés hacer, pero antes tenés que poner en una cuenta fiduciaria del Banco Central un 100% de encaje, y tener trazabilidad con moneda de curso digital, algo que terminará por eliminar el papel”, precisó el exjefe de Gabinete en declaraciones a El Método Rebord.
Las transacciones digitales con esa moneda depositada en el Banco Central, tal y como las plantea Capitanich, llevarían a que no exista “impacto en el multiplicador bancario” y no se afecte el desenvolvimiento macroeconómico del país. “Así, lográs que la evasión se reduzca drásticamente”, remató.
En ese sentido, frente a la consulta sobre cuál sería la motivación para quienes hoy no registran sus operaciones pasen a hacerlo con la moneda digital, Capitanich atinó a decir que esa situación se revertiría porque “va a ser obligatorio”.
Para Capitanich, “el 93% de las transacciones que hacen los argentinos son digitales. Es información del Banco Central. Desde el IFE y hasta todos los pagos de la Anses se hace de forma digital. Eso ya no es un problema”, consideró el mandatario provincial, para después sintetizar: “Este es el tema clave en la Argentina. Con la moneda digital, anclás las variables, lográs reducir la evasión y modificás los coeficientes de variación monetaria”.
A comienzos del año pasado, Catamarca propuso crear una Moneda Digital Argentina o de las Provincias del Norte Grande con respaldo en litio, oro y plata, mientras que Misiones propuso sacar también una criptomoneda respaldada en bonos verdes o bonos de carbono, a pesar de los reparos de la comunidad bitcoin y de algunos economistas que señalaban que podían tratarse de cuasimonedas.
Rodolfo Andragnes, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, dijo en ese entonces que, antes de poder armar un activo monetario digital que circule libremente, hay que tener varios aspectos en consideración. “Blockchain no es sinónimo de seguridad o confianza y hasta puede ser la herramienta de un abuso. Por lo que se requiere primero entender sobre qué blockchain se decide trabajar y cuán no manipulable es en el corto, mediano y largo plazo”, aseguró.
Por otro lado, dijo que una criptomoneda no es equivalente a Bitcoin: “La inviolabilidad y confianza y, por ende, el valor de Bitcoin no solamente se basa en que sea cripto o no, sino en cuán descentralizado es su modelo de toma de decisiones y la dificultad de atacar dicha red”.
En este sentido, sostuvo que Estado y descentralización parecen conceptos antagónicos. “El Estado no necesita ser descentralizado, pero la confianza en las monedas o se impone y motiva (como la obligatoriedad del peso) o se logra por la confianza en el emisor y la certeza de sus promesas. Si el poder de modificar la emisión, de afectar el subyacente, de vetar el uso, etc. queda en mano del estado emisor, su valor y confianza no recae en la tecnología, sino en el gestor”, explicó.
Otro problema son los subyacentes. “Si son activos físicos cómo dólares y la cuenta puede ser embargada o el acceso a la misma queda en manos de quién pueda sacar dinero de allí, entonces esos token se habrán convertido en una estafa. Si, en cambio, se tokenizan activos físicos sin poder acceder a ellos o regalías futuras de algún proceso productivo, esto es muy similar a un proceso de venta del subyacente en el primer caso o preventa a descuento en el segundo”, apuntó.
“Ahora bien, si suponiendo que eligieron la blockchain correcta, que eliminan el poder de manipular su emisión, que la toma de decisión es más descentralizada, y los subyacentes son futuros o no se pierde el acceso a ellos, entonces quedan los aspectos legales para resolver no sea cosa que, con un cambio de gobierno, dejen de ser aceptados. Dicho esto, son solo desafíos a superar y considerar, y sí creo que absolutamente cualquiera debería tener el derecho y libertad de crear su propia moneda. De ahí a que exista un mercado que la acepte es otra cosa y dependerá muy probablemente de la calidad con la que se resuelvan estos desafíos y los casos de uso que se puedan desarrollar en un futuro”, cerró y dijo que estaban en conversaciones con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y algunas provincias para que estos aspectos sean tomados en cuenta y encarados en cada proyecto.
Por su parte, el economista Ariel Coremberg fue más duro y dijo que tanto el proyecto de Catamarca como el de Misiones eran “cuasimonedas”, con la diferencia de que el de Catamarca tenía más sustento al proponer que la criptomoneda tenga respaldo en litio.
“El proyecto de Misiones es una criptomoneda emitida sobre un activo financiero derivado -bono verde- en un contexto de un país sin crédito internacional y con su sistema bancario cuasiestatizado, ya que el único deudor de los bancos es el Estado. De facto es una cuasi moneda cuya cotización, si no cambian las condiciones crediticias del país, será muy baja correlacionada con el alto riesgo país actualmente en niveles de default. Lamentablemente estas condiciones impiden que esta innovación financiera atraiga inversiones”, concluyó.
