La Veeduría Ciudadana de la Sentencia T-302, que declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira, opina que, en medio de la crisis humanitaria, el rol que desempeñe el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF será clave para disminuir las muertes de niños por desnutrición.
Hasta la fecha en La Guajira han fallecido 37 niños por desnutrición o causas asociadas a ella, según el boletín epidemiológico de la secretaría de Salud departamental. También se han encontrado 833 niños menores de cinco años con desnutrición aguda.
Según Cesar Arismendi, exdirector de Planeación departamental e integrante de la veeduría, “en el nuevo gobierno, el ICBF será determinante para los cambios sociales estructurales que se necesitan en las comunidades indígenas”.
Dice que el instituto parece haber perdido la gobernabilidad del programa de atención integral a la infancia, ya que este no logra percibirse como un proceso de educación inicial bajo la modalidad propia e intercultural en las comunidades étnicas y rurales de las entidades señaladas en la Sentencia T-302 de 2017.