La política posee énfasis en materias como crimen organizado y prevención del delito. Además se releva la necesidad de combatir la violencia intrafamiliar. “Es un giro en la política que ha tenido el país respecto a las mujeres y niñas” dijo Orellana
Jueves 30 de junio 2022 15:50 hrs.
Más de 33 medidas específicas contempla el Plan Nacional de Seguridad anunciado por el Gobierno tras el primer Consejo Nacional de Seguridad realizado en la Región de Arica y Parinacota. La estrategia busca el fortalecimiento institucional y la gobernanza en materia de seguridad pública, la prevención del delito, protección y acompañamiento de las víctimas de delitos, persecución del crimen organizado, control de armas y recuperación de espacios públicos.
El anuncio fue realizado por la ministra del Interior, Izkia Siches, los subsecretarios de la cartera y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Previo a ello, el Presidente Gabriel Boric, quien encabezó el primer Consejo de Seguridad Pública, saludó a los diferentes organismos del Estado que concurrieron a la instancia e indicó que de la seguridad “nos vamos a hacer cargo en conjunto para que la seguridad sea abordada sin complejos y como primera prioridad de nuestro Gobierno”.
Además el mandatario extendió su satisfacción por estar actualizando una política que se implementó hace 18 años. “El plan nacional de política de seguridad se llevó adelante en el año 2004, el senador Inzulza tuvo un rol importante en ese momento y hoy día tenemos el deber de actualizarlo porque ha cambiado mucho el país y ha cambiado mucho la delincuencia”, expresó.
A su turno, la jefa de Gabinete sostuvo que el Consejo Nacional de Seguridad ha dado cuenta de “cómo se coordinan las capacidades del Estado para llevar más seguridad y para enfrentar el crimen organizado a lo largo y ancho de nuestro país”.
“Lo hacemos desde esta puerta norte porque sabemos que los vecinos y vecinas de esta población en particular, la población Juan Noé y de toda la Región de Arica y Parinacota, han sido golpeados directamente con estos índices delictuales y la percepción de inseguridad. Lo hacemos comprometiendo un trabajo intersectorial, preventivo, que también pretende hacerse cargo de estas necesidades no solamente con medidas grandilocuentes sino que también comprometiendo todas nuestras capacidades como Estado para poder prevenirlo“, afirmó.
A continuación, el detalle del Plan Nacional de Seguridad anunciado por el Gobierno.
Dimensión legislativa y administrativa
En la estrategia se impulsará la creación del Ministerio de Seguridad con el ingreso de indicaciones para su tramitación durante el mes de julio. Asimismo, se avanzará en la Reforma a las Policías, en la reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades para fortalecer el rol de los municipios en materia de seguridad. Además se impulsará la Ley de Seguridad Privada y se creará una nueva Política Nacional de Seguridad Pública que fijará una ruta país en esta materia para los próximos 10 años.
Prevención del delito
Bajo esta arista, se creará un Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que permitirá avanzar hacia un mínimo común preventivo en todas las comunas del país. Además se implementará una redistribución de los recursos policiales, se conformará un Centro de Acción Estratégica para la Prevención de Homicidios para fortalecer el trabajo coordinado en esta materia, y se crearán grupos de trabajo operativo para la coordinación público-privada en seguridad, además de la incorporación de principios de equidad de género en materia de seguridad, entre otras materias.
Asimismo, se adoptarán medidas para mejorar la información en torno a los delitos, revisando y actualizando los denominados “Delitos de Mayor Connotación Social” con nuevas tipologías delictivas y grupos específicos de análisis, y se modernizará y perfeccionará la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC).
Al respecto, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien lideró el trabajo de los Consejos Regionales de Seguridad que antecedieron a la instancia nacional, sostuvo que “en Chile tenemos que avanzar a que existe una nivelación de la cancha hacia arriba, un mínimo común preventivo, que hablar de seguridad nunca más sea hablar de desigualdad”.
Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana indicó que “14 de las 16 regiones que participaron del proceso de elaboración de este plan de seguridad priorizaron la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer en general como uno de los temas principales que hay que enfrentar”.
“Esto es un giro en la política que ha tenido el país respecto a las mujeres y niñas porque la violencia contra las mujeres empieza a ser considerado como un tema de seguridad pública, no un problema privado que se restringe al hogar y estamos muy contentas como Ministerio de poder trabajar en conjunto, codo a codo, con los organismos judiciales, con las policías y también con las autoridades como los alcaldes para prevenir desde el Estado, acompañar desde la comunidad y por supuesto sancionar desde las policías y el Poder Judicial”, sostuvo.
Combate del crimen organizado
Bajo este eje, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve anunció que en octubre se entregará una propuesta de Política Nacional contra el Crimen Organizado para efectos de confiscar los bienes de capital de las bandas criminales, desbaratar sus redes y logística. Para ello se fortalecerá el sistema de inteligencia financiera y se trabajará en la coordinación intersectorial, indicaron desde la cartera.
Junto a eso, indicó que “hemos dado cuenta de la construcción de una arquitectura institucional para luchar contra el crimen organizado a través del Consejo Asesor Nacional contra el crimen organizado, el Consejo Regional y fortalecimiento de las unidades de coordinación estratégica”.
Control de armas
En este ítem, la política nacional de seguridad propone un plan que considera fortalecer la persecución penal; la fiscalización de armas y municiones; la creación de sistemas para su trazabilidad; mejorar el control de las armas en poder del Estado; y reforzar el control en fronteras e inteligencia financiera, que busca mejorar los registros de información de grupos de interés.
La fiscalización y control de armas inscritas e ilegales debe ser abordada, relevó Monsalve, “porque se están usando para cometer homicidios que es uno de los delitos que ha ido en aumento en nuestro país lamentablemente”.
Por otro lado, señaló que “hemos dado cuenta de un conjunto de medidas que tienen que ver con orden público y recuperación de espacios públicos y entre ello hemos dicho que en 12 de las 16 regiones hemos constituido mesas de trabajo para afrontar el comercio ilícito que muchas veces está acompañado también de crimen organizado, de violencia y de armas”.
En lo que se refiere a las armas del Estado, se estableció que cada rama de las instituciones armadas conformará un registro de las armas y municiones a su cargo, además de una revisión y actualización de protocolos de cautela y de procedimientos de eliminación de armas.
Protección a víctimas y Derechos Humanos
Se creará el Servicio Integral de Apoyo a Víctimas de Delitos, se amplía el número de centros de atención para ellas, y se expanden los servicios a las víctimas de violencia intrafamiliar.
El Consejo Nacional de Seguridad sesionará como mínimo dos veces al año. Este será presidido por la ministra del Interior, Izkia Siches y participarán el presidente de la Corte Suprema, Ministerio Público, Carabineros, PDI, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio de Vivienda, Subsecretaría del Interior, Subsecretaría de Justicia, Defensoría Nacional, Gendarmería, Senda, Sename, entre otros organismos.
Más de 33 medidas específicas contempla el Plan Nacional de Seguridad anunciado por el Gobierno tras el primer Consejo Nacional de Seguridad realizado en la Región de Arica y Parinacota. La estrategia busca el fortalecimiento institucional y la gobernanza en materia de seguridad pública, la prevención del delito, protección y acompañamiento de las víctimas de delitos, persecución del crimen organizado, control de armas y recuperación de espacios públicos.
El anuncio fue realizado por la ministra del Interior, Izkia Siches, los subsecretarios de la cartera y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Previo a ello, el Presidente Gabriel Boric, quien encabezó el primer Consejo de Seguridad Pública, saludó a los diferentes organismos del Estado que concurrieron a la instancia e indicó que de la seguridad “nos vamos a hacer cargo en conjunto para que la seguridad sea abordada sin complejos y como primera prioridad de nuestro Gobierno”.
Además el mandatario extendió su satisfacción por estar actualizando una política que se implementó hace 18 años. “El plan nacional de política de seguridad se llevó adelante en el año 2004, el senador Inzulza tuvo un rol importante en ese momento y hoy día tenemos el deber de actualizarlo porque ha cambiado mucho el país y ha cambiado mucho la delincuencia”, expresó.
A su turno, la jefa de Gabinete sostuvo que el Consejo Nacional de Seguridad ha dado cuenta de “cómo se coordinan las capacidades del Estado para llevar más seguridad y para enfrentar el crimen organizado a lo largo y ancho de nuestro país”.
“Lo hacemos desde esta puerta norte porque sabemos que los vecinos y vecinas de esta población en particular, la población Juan Noé y de toda la Región de Arica y Parinacota, han sido golpeados directamente con estos índices delictuales y la percepción de inseguridad. Lo hacemos comprometiendo un trabajo intersectorial, preventivo, que también pretende hacerse cargo de estas necesidades no solamente con medidas grandilocuentes sino que también comprometiendo todas nuestras capacidades como Estado para poder prevenirlo“, afirmó.
A continuación, el detalle del Plan Nacional de Seguridad anunciado por el Gobierno.
Dimensión legislativa y administrativa
En la estrategia se impulsará la creación del Ministerio de Seguridad con el ingreso de indicaciones para su tramitación durante el mes de julio. Asimismo, se avanzará en la Reforma a las Policías, en la reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades para fortalecer el rol de los municipios en materia de seguridad. Además se impulsará la Ley de Seguridad Privada y se creará una nueva Política Nacional de Seguridad Pública que fijará una ruta país en esta materia para los próximos 10 años.
Prevención del delito
Bajo esta arista, se creará un Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que permitirá avanzar hacia un mínimo común preventivo en todas las comunas del país. Además se implementará una redistribución de los recursos policiales, se conformará un Centro de Acción Estratégica para la Prevención de Homicidios para fortalecer el trabajo coordinado en esta materia, y se crearán grupos de trabajo operativo para la coordinación público-privada en seguridad, además de la incorporación de principios de equidad de género en materia de seguridad, entre otras materias.
Asimismo, se adoptarán medidas para mejorar la información en torno a los delitos, revisando y actualizando los denominados “Delitos de Mayor Connotación Social” con nuevas tipologías delictivas y grupos específicos de análisis, y se modernizará y perfeccionará la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC).
Al respecto, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien lideró el trabajo de los Consejos Regionales de Seguridad que antecedieron a la instancia nacional, sostuvo que “en Chile tenemos que avanzar a que existe una nivelación de la cancha hacia arriba, un mínimo común preventivo, que hablar de seguridad nunca más sea hablar de desigualdad”.
Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana indicó que “14 de las 16 regiones que participaron del proceso de elaboración de este plan de seguridad priorizaron la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer en general como uno de los temas principales que hay que enfrentar”.
“Esto es un giro en la política que ha tenido el país respecto a las mujeres y niñas porque la violencia contra las mujeres empieza a ser considerado como un tema de seguridad pública, no un problema privado que se restringe al hogar y estamos muy contentas como Ministerio de poder trabajar en conjunto, codo a codo, con los organismos judiciales, con las policías y también con las autoridades como los alcaldes para prevenir desde el Estado, acompañar desde la comunidad y por supuesto sancionar desde las policías y el Poder Judicial”, sostuvo.
Combate del crimen organizado
Bajo este eje, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve anunció que en octubre se entregará una propuesta de Política Nacional contra el Crimen Organizado para efectos de confiscar los bienes de capital de las bandas criminales, desbaratar sus redes y logística. Para ello se fortalecerá el sistema de inteligencia financiera y se trabajará en la coordinación intersectorial, indicaron desde la cartera.
Junto a eso, indicó que “hemos dado cuenta de la construcción de una arquitectura institucional para luchar contra el crimen organizado a través del Consejo Asesor Nacional contra el crimen organizado, el Consejo Regional y fortalecimiento de las unidades de coordinación estratégica”.
Control de armas
En este ítem, la política nacional de seguridad propone un plan que considera fortalecer la persecución penal; la fiscalización de armas y municiones; la creación de sistemas para su trazabilidad; mejorar el control de las armas en poder del Estado; y reforzar el control en fronteras e inteligencia financiera, que busca mejorar los registros de información de grupos de interés.
La fiscalización y control de armas inscritas e ilegales debe ser abordada, relevó Monsalve, “porque se están usando para cometer homicidios que es uno de los delitos que ha ido en aumento en nuestro país lamentablemente”.
Por otro lado, señaló que “hemos dado cuenta de un conjunto de medidas que tienen que ver con orden público y recuperación de espacios públicos y entre ello hemos dicho que en 12 de las 16 regiones hemos constituido mesas de trabajo para afrontar el comercio ilícito que muchas veces está acompañado también de crimen organizado, de violencia y de armas”.
En lo que se refiere a las armas del Estado, se estableció que cada rama de las instituciones armadas conformará un registro de las armas y municiones a su cargo, además de una revisión y actualización de protocolos de cautela y de procedimientos de eliminación de armas.
Protección a víctimas y Derechos Humanos
Se creará el Servicio Integral de Apoyo a Víctimas de Delitos, se amplía el número de centros de atención para ellas, y se expanden los servicios a las víctimas de violencia intrafamiliar.
El Consejo Nacional de Seguridad sesionará como mínimo dos veces al año. Este será presidido por la ministra del Interior, Izkia Siches y participarán el presidente de la Corte Suprema, Ministerio Público, Carabineros, PDI, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio de Vivienda, Subsecretaría del Interior, Subsecretaría de Justicia, Defensoría Nacional, Gendarmería, Senda, Sename, entre otros organismos.
Más de 33 medidas específicas contempla el Plan Nacional de Seguridad anunciado por el Gobierno tras el primer Consejo Nacional de Seguridad realizado en la Región de Arica y Parinacota. La estrategia busca el fortalecimiento institucional y la gobernanza en materia de seguridad pública, la prevención del delito, protección y acompañamiento de las víctimas de delitos, persecución del crimen organizado, control de armas y recuperación de espacios públicos.
El anuncio fue realizado por la ministra del Interior, Izkia Siches, los subsecretarios de la cartera y la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Previo a ello, el Presidente Gabriel Boric, quien encabezó el primer Consejo de Seguridad Pública, saludó a los diferentes organismos del Estado que concurrieron a la instancia e indicó que de la seguridad “nos vamos a hacer cargo en conjunto para que la seguridad sea abordada sin complejos y como primera prioridad de nuestro Gobierno”.
Además el mandatario extendió su satisfacción por estar actualizando una política que se implementó hace 18 años. “El plan nacional de política de seguridad se llevó adelante en el año 2004, el senador Inzulza tuvo un rol importante en ese momento y hoy día tenemos el deber de actualizarlo porque ha cambiado mucho el país y ha cambiado mucho la delincuencia”, expresó.
A su turno, la jefa de Gabinete sostuvo que el Consejo Nacional de Seguridad ha dado cuenta de “cómo se coordinan las capacidades del Estado para llevar más seguridad y para enfrentar el crimen organizado a lo largo y ancho de nuestro país”.
“Lo hacemos desde esta puerta norte porque sabemos que los vecinos y vecinas de esta población en particular, la población Juan Noé y de toda la Región de Arica y Parinacota, han sido golpeados directamente con estos índices delictuales y la percepción de inseguridad. Lo hacemos comprometiendo un trabajo intersectorial, preventivo, que también pretende hacerse cargo de estas necesidades no solamente con medidas grandilocuentes sino que también comprometiendo todas nuestras capacidades como Estado para poder prevenirlo“, afirmó.
A continuación, el detalle del Plan Nacional de Seguridad anunciado por el Gobierno.
Dimensión legislativa y administrativa
En la estrategia se impulsará la creación del Ministerio de Seguridad con el ingreso de indicaciones para su tramitación durante el mes de julio. Asimismo, se avanzará en la Reforma a las Policías, en la reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades para fortalecer el rol de los municipios en materia de seguridad. Además se impulsará la Ley de Seguridad Privada y se creará una nueva Política Nacional de Seguridad Pública que fijará una ruta país en esta materia para los próximos 10 años.
Prevención del delito
Bajo esta arista, se creará un Sistema Nacional de Seguridad Municipal, que permitirá avanzar hacia un mínimo común preventivo en todas las comunas del país. Además se implementará una redistribución de los recursos policiales, se conformará un Centro de Acción Estratégica para la Prevención de Homicidios para fortalecer el trabajo coordinado en esta materia, y se crearán grupos de trabajo operativo para la coordinación público-privada en seguridad, además de la incorporación de principios de equidad de género en materia de seguridad, entre otras materias.
Asimismo, se adoptarán medidas para mejorar la información en torno a los delitos, revisando y actualizando los denominados “Delitos de Mayor Connotación Social” con nuevas tipologías delictivas y grupos específicos de análisis, y se modernizará y perfeccionará la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC).
Al respecto, el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien lideró el trabajo de los Consejos Regionales de Seguridad que antecedieron a la instancia nacional, sostuvo que “en Chile tenemos que avanzar a que existe una nivelación de la cancha hacia arriba, un mínimo común preventivo, que hablar de seguridad nunca más sea hablar de desigualdad”.
Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana indicó que “14 de las 16 regiones que participaron del proceso de elaboración de este plan de seguridad priorizaron la violencia intrafamiliar y la violencia contra la mujer en general como uno de los temas principales que hay que enfrentar”.
“Esto es un giro en la política que ha tenido el país respecto a las mujeres y niñas porque la violencia contra las mujeres empieza a ser considerado como un tema de seguridad pública, no un problema privado que se restringe al hogar y estamos muy contentas como Ministerio de poder trabajar en conjunto, codo a codo, con los organismos judiciales, con las policías y también con las autoridades como los alcaldes para prevenir desde el Estado, acompañar desde la comunidad y por supuesto sancionar desde las policías y el Poder Judicial”, sostuvo.
Combate del crimen organizado
Bajo este eje, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve anunció que en octubre se entregará una propuesta de Política Nacional contra el Crimen Organizado para efectos de confiscar los bienes de capital de las bandas criminales, desbaratar sus redes y logística. Para ello se fortalecerá el sistema de inteligencia financiera y se trabajará en la coordinación intersectorial, indicaron desde la cartera.
Junto a eso, indicó que “hemos dado cuenta de la construcción de una arquitectura institucional para luchar contra el crimen organizado a través del Consejo Asesor Nacional contra el crimen organizado, el Consejo Regional y fortalecimiento de las unidades de coordinación estratégica”.
Control de armas
En este ítem, la política nacional de seguridad propone un plan que considera fortalecer la persecución penal; la fiscalización de armas y municiones; la creación de sistemas para su trazabilidad; mejorar el control de las armas en poder del Estado; y reforzar el control en fronteras e inteligencia financiera, que busca mejorar los registros de información de grupos de interés.
La fiscalización y control de armas inscritas e ilegales debe ser abordada, relevó Monsalve, “porque se están usando para cometer homicidios que es uno de los delitos que ha ido en aumento en nuestro país lamentablemente”.
Por otro lado, señaló que “hemos dado cuenta de un conjunto de medidas que tienen que ver con orden público y recuperación de espacios públicos y entre ello hemos dicho que en 12 de las 16 regiones hemos constituido mesas de trabajo para afrontar el comercio ilícito que muchas veces está acompañado también de crimen organizado, de violencia y de armas”.
En lo que se refiere a las armas del Estado, se estableció que cada rama de las instituciones armadas conformará un registro de las armas y municiones a su cargo, además de una revisión y actualización de protocolos de cautela y de procedimientos de eliminación de armas.
Protección a víctimas y Derechos Humanos
Se creará el Servicio Integral de Apoyo a Víctimas de Delitos, se amplía el número de centros de atención para ellas, y se expanden los servicios a las víctimas de violencia intrafamiliar.
El Consejo Nacional de Seguridad sesionará como mínimo dos veces al año. Este será presidido por la ministra del Interior, Izkia Siches y participarán el presidente de la Corte Suprema, Ministerio Público, Carabineros, PDI, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio de Vivienda, Subsecretaría del Interior, Subsecretaría de Justicia, Defensoría Nacional, Gendarmería, Senda, Sename, entre otros organismos.
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