Ingeniera, emprendedora y, desde hace dos años, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Carme Artigas lidera el departamento que ha lanzado el Kit Digital (un programa de 3.000 millones de euros para digitalizar a un millón de pymes) o la Ley de start-ups.
¿Cómo valora los avances del kit digital?
Está siendo un programa exitoso, que supera todos los récords de cualquier subvención pública de la historia. Para hacerlo posible sabíamos que teníamos que eliminar la burocracia, y crear la figura del representante voluntario (el 50% de las solicitudes nos llegan a través de esta vía) y del digitalizador. No podíamos ir a buscar un millón de pymes una a una, teníamos que movilizar a aquel que quiere vender, y ese es el digitalizador. El primer tramo [para empresas de entre 10 y 49 trabajadores] lo han pedido ya 60.000 empresas.
Estaba preparado para menos, ¿no?
De hecho, hemos tenido que aprobar la ampliación de un tramo adicional de 100 millones. No sabemos si lo vamos a necesitar, porque una vez pedido el bono la empresa tiene seis meses para cerrar acuerdos con el digitalizador, pero va muy bien, ya se han cerrado más de 500, así que tenemos previsto ampliar. Las solicitudes que se han resuelto ya suponen 120 millones de euros.
¿Una vez se haya hecho el programa, a qué nivel de digitalización estarán las pymes?
No te puedo decir cuántos puestos esperamos subir en el índice DESI [un indicador que analiza el rendimiento digital de un país], pero sí que estamos haciendo un salto hiperacualitativo y cuantitativo: estas empresas van a estar gestionando procesos digitales. Si llegamos al millón habremos elevado un 33% esta capacidad, y eso va a tener un efecto arrastre muy importante. Además, la segunda mitad del año lanzaremos un mecanismo equivalente al Kit Digital con temas de formación digital para las pymes, porque si no, no conseguiremos que la digitalización se ancle a su cultura.
¿Se planteará como las ayudas del Kit Digital?
Estamos ultimando el mecanismo. La idea es hacerlo igual de fácil y aprovechar las empresas que ya se hayan registrado. Probablemente de entrada irá a empresas de más de 10 empleados.
¿Cuánto dinero se destinará?
Serán 586 millones de euros que irán a directivos y trabajadores, y tanto al upskilling [empezar de cero] como al reskilling [formar a un empleado en nuevas disciplinas]. Hay mucho dinero para formación, el problema es que la administración actúa desde la oferta y no desde la demanda, por eso no nos vamos a dedicar a hacer más cursos, sino a canalizar recursos para movilizar a la pyme.
Hablemos de la ley de start-ups. ¿Cómo avanza?
Está en trámite parlamentario: se ha abierto el tiempo para enmiendas hasta finales de junio, en julio avanzaremos en las conversaciones con los partidos para ver el impacto de esas enmiendas, y a la vuelta de verano queremos iniciar el trámite parlamentario. Nuestro objetivo, que se va a cumplir, es que esté aprobada antes de final de año.
¿Van a cambiar cosas del texto? Al sector no ha gustado, por ejemplo, que una start-up lo sea considerada solo cinco años.
Claro, esperamos que nos propongan cosas y luego veremos su factibilidad. El tema de la definición de start-up viene marcado por Bruselas: si damos una categoría más allá de los cinco años habría empresas que podrían acceder a fondos aquí y no en Europa. Sí que hace falta afinar la definición de emprendedor en serie y algunos aspectos técnicos.
¿Trabajarán también en que España sea referencia de una sola tecnología? ¿El Perte de los semiconductores es un movimiento en este sentido?
Es una apuesta clara de que queremos ser líderes en la industria de los semiconductores, porque también es bueno para todas las industrias que tenemos que preservar: desde la automoción hasta a la agricultura tecnológica. Es una apuesta muy valiente por situar a España en el mapa de algo que necesita también nuestra industria.
Entonces, ¿no va a haber un Perte de Inteligencia Artificial o de otra tecnología muy clave?
La Inteligencia Artificial no tiene un Perte, tiene toda una componente. Por ejemplo, España va a anunciar a finales de este mes en Bruselas que será el primer país europeo que apruebe un reglamento de inteligencia artificial. Está en fase de aprobación, y regulará la aplicación de la tecnología: que se auditen los algoritmos para que no discriminen o que se incorpore la transparencia algorítmica en todo el sector público.
