Domingo Peppo, embajador argentino en Paraguay y ex gobernador del Chaco, apareció de golpe en escena por el caso del avión venezolano-iraní. Recurrió a Twitter para aclarar que la información de Asunción a Buenos Aires fue procesada por los canales de inteligencia, sin participación alguna de su parte. Se trató de un texto breve para tomar distancia de los movimientos en el interior del Gobierno, sacudido por el caso del extraño vuelo y cruzado de manera inesperada por internas para deslindar responsabilidades.
La reacción pública de Peppo, con destino en Asunción luego de disputar y perder la batalla con Jorge Capitanich, constituye una muestra original de las horas que corren en el Gobierno. No se limitó a los “canales diplomáticos”. Se entiende como una reacción doméstica antes que como una respuesta a las cargas de Juntos por el Cambio, que reclama informes al Gobierno y proyecta sospechas sobre “operaciones de inteligencia” a escala regional, bajo la cobertura de las cargas aéreas. Apunta al historial del avión retenido en Ezeiza y a su llamativa tripulación, por número y por integración: 14 venezolanos y 5 iraníes, vinculados a fuerzas especiales de Teherán.
La disputa entre el oficialismo y la oposición tendrá expresión sonora en el Congreso. El Gobierno busca dejar a salvo su intervención luego de que le llegara el alerta sobre el Boeing manejado por la empresa venezolana Emtrasur y antes, por la iraní Mahan Air. Hacia afuera, busca afirmar que no existió impericia en su accionar y menos aún, algún grado de intención en darle cobertura y saldar el tema de manera rápida y sin consecuencias judiciales. Y hacia adentro, debe contener los cruces por ahora amortiguados entre distintas dependencias, incluida la diplomacia.
El problema es que son muchos los actores en escena. La Administración Nacional de Aviación Civil, Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, los ministerios de Seguridad y de Transporte, y la Agencia Federal de Inteligencia. Son momentos en los que se miden responsabilidades formales y también algunas señales políticas.
Según el análisis de un conocedor de estos rubros de la administración, la cuestión de fondo no es el papel individual de cada área sino la “desarticulación” de gestión entre sectores a cargo de tareas muy sensibles. Desde esa perspectiva, el mayor problema sería la falta de coordinación entre organismos y algunos vacíos dejados por la AFI durante lo que va del actual gobierno.
El caso, por supuesto, quedó bajó el foco internacional. El régimen de Venezuela y Teherán vienen estrechando su relación, con posiciones compartidas en el tablero mundial y con negocios. Fue notoria la reciente visita de Nicolás Maduro a Irán, en un contexto internacional afectado -particularmente en el área energética- por la guerra que desató Rusia al invadir Ucrania. El caso del avión retenido en Ezeiza es una muestra de ese creciente vínculo.
Para Alberto Fernández resultó una mala noticia casi en simultáneo con su participación en la Cumbre de las Américas. De todos modos, en principio, la oposición parecía centrar sus cuestionamientos en la falta de reacción o la “mala” práctica del Gobierno. Pero después, comenzó a considerar específicamente las señales políticas frente al impacto creciente del caso, que tiene derivación judicial.
Ese último es un dato mayor, porque si se comprobara alguna operación grave castigada por la legislación argentina, el problema tendría además estribaciones complicadas en el frente externo, es decir, con Venezuela e Irán. Tal vez en esa dirección haya apuntado Agustín Rossi al señalar que podría tratarse de vuelos de instrucción, a cargo de los iraníes y con tripulación venezolana. Rossi es el nuevo jefe de la AFI y tal hipótesis –por lo menos, rara– en su boca genera interrogantes sobre un giro público en el caso. Suena a cobertura.
Algunos elementos, como ese, sugieren la intención de bajarle el tono al tema, frente a la escalada opositora y también para amortiguar costos en medio de las movidas internas para deslindar responsabilidades funcionales. ¿Sólo eso? Es posible que también sean atendidas la posible evolución de la causa judicial y la necesidad de evitar situaciones no deseadas en la relación con Venezuela.
Ese ejemplo de combinación de intereses podría no ser único. El avión no había logrado reabastecerse de combustible para dejar Ezeiza. Fue debido a que las empresas que brindan ese servicio podrían ser sancionadas por Estados Unidos en caso de acceder al pedido de la compañía aérea venezolana. ¿Hubo alguna gestión informal para superar esa traba? No funcionó un recurso judicial en nombre de la tripulación. Es otro de los puntos que estaría en la mira opositora.
El Gobierno teme por las derivaciones públicas del caso. El problema es que puede sumar desgaste a la gestión. Agrega un elemento inquietante hacia el exterior, en momentos en que el Gobierno enfrenta un delicado cuadro económico, sobre todo por los efectos de la inflación-
El IPC de mayo anotó 5,1%, que marca una acumulación de más del 29% en cinco meses y alcanza al 60% en el registro interanual. Son números récord en tres décadas. A eso se suman signos de caída del consumo. Y en los últimos días, una trepada del dólar y síntomas inquietantes de problemas para lograr financiamiento local.
También en este paño juegan las internas, fuertes. Martín Guzmán aparece ahora como único responsable del área, luego de que agregara a su ministerio la secretaría de Comercio Interior. Y luego de la renuncia de Roberto Feletti, reemplazado por un hombre de su círculo, Guillermo Hang. La caída de Matías Kulfas hizo también lo suyo. Asume hoy Daniel Scioli, pero no parece interesado en competir con Guzmán: más bien piensa en la carrera del 2023.
Mientras tanto, el kirchnerismo espera resultados. Ya se sabe que tiene a Guzmán en la mira. Es la interna más grave.
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