En plena ola de acusaciones de persecución política, señalamientos de injerencia del Estado y supuestos vínculos del narcotráfico con los principales candidatos se ha desarrollado la batalla electoral por el Gobierno de Tamaulipas. Los contendientes para la gubernatura de Tamaulipas en estos sufragios son Américo Villarreal Anaya, de la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, el PT y PVEM); César Augusto El Truko Verástegui, de la coalición Va por México, del PAN-PRI-PRD; y Arturo Díez, de Movimiento Ciudadano (MC). Los reflectores se han centrado en los dos candidatos punteros, el panista Verástegui y Villarreal de Moren. Mientras que el aspirante de MC, se ubica en el fondo de las encuestas. De acuerdo con los analistas locales, se prevé una participación de al menos un 60% de un electorado que supera los 2,7 millones de ciudadanos.
Para estas votaciones locales, Morena ha elegido a un exmilitante priista. Su padre, Américo Villarreal Guerra, fue gobernador de Tamaulipas de 1987 a 1993 y el mismo Villarreal tuvo varios cargos en gobiernos priistas, sin embargo, en 2016 decidió cambiar los colores tricolores a los de Morena para ocupar un lugar en el Senado. Del lado del PAN, César Verástegui es militante panista desde 1995. En 2014 es presidente del comité estatal del PAN en Tamaulipas y finalmente, dos años después, fue nombrado como secretario general de Gobierno en la administración de Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por la Fiscalía General de la República de narcotráfico y lavado de dinero.
Los dardos en esta contienda local se han centrado en los nexos de los candidatos punteros con el narco. Por un lado, los panistas acusaron durante toda la campaña al abanderado de Morena sobre supuestos vínculos de él y de su hijo con dinero proveniente del crimen organizado. En más de una ocasión, los panistas emplazaron a Villarreal a aclarar si su hijo había recibido depósitos millonarios en Ámsterdam del narco y el llamado huachicoleo (robo de combustible). En plena campaña, también se relacionó al expriista con el empresario Sergio Carmona, asesinado en noviembre pasado en Nuevo León. Carmona era investigado por la Fiscalía Anticorrupción del Estado por supuesto contrabando de hidrocarburos y extorsiones a transportistas en la frontera con Estados Unidos.
Frente a estas acusaciones, Villarreal respondió que era el candidato Verástegui el que estaba asociado con los narcotraficantes y aseguró que las acusaciones en su contra eran producto de una persecución política orquestada por el actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. La semana pasada, a días de comenzar la veda electoral, el candidato de Morena colgó un video en su cuenta de Twitter junto a su esposa en el que afirmó una vez más que “la mafia del poder” había desvirtuado el sentido de esta campaña, “con una guerra sucia jamás antes vista”.
El Estado fronterizo, cruce de comercio, turismo, migrantes y drogas, vive desde hace décadas arrinconado por la violencia donde Los Zetas y el Cártel del Golfo han impuesto su ley. La seguridad y una alarmente cifra de más de 11.000 personas desaparecidas —la segunda cifra más alta, solo detrás de Jalisco— son algunas de las asignaturas pendientes para los gobernantes de todos los colores y banderas. Durante los primeros cuatro meses del año, Tamaulipas reportó 375 homicidios, más de 90 al mes, según los datos de la Secretaría de Gobernación. Tampoco los robos se han logrado reducir durante el primer cuatrimestre del año. De enero a abril, se contabilizaron más de 2.736 robos en la entidad, mientras que de enero a abril de 2021 hubo 2.775 incidentes de este tipo.
Al igual que el presidente López Obrador, el aspirante de Morena ha defendido la estrategia de “abrazos, no balazos” para atender el problema de seguridad en el Estado. En el lado opuesto, Verásteguí ha dicho que no dudará en enfrentar a las bandas del crimen organizado. Escoltado por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, el abanderado de la oposición insistió en su cierre de campaña en Tampico, el pasado 31 de mayo, que a diferencia de Villarreal, él si conoce las necesidades del Estado en materia de seguridad, educación y salud y en envió un mensaje a su contendiente: “Al candidato de Morena, le digo, que yo prefiero mil veces que me digan El Truko, a que me digan El Mustio. Que no se quiera hacer la víctima hablando de no mentir, no robar y no traicionar, porque quien metió en problemas a su familia fue él”, dijo.
La carrera electoral en Tamaulipas también se ha visto influida por decisiones in extremis de la Suprema Corte de Justicia. El pasado miércoles, los magistrados del máximo tribunal decidieron aplazar la resolución de dos amparos en torno al desafuero del actual gobernador Francisco García de Vaca (PAN), sobre quien pesa una orden de detención de la Fiscalía General por narcotráfico y lavado de dinero y otra de la Fiscalía local por un presunto fraude fiscal de 6,5 millones de pesos en la compra de un inmueble en la Ciudad de México. Dicha postergación de su posible imputación por los delitos —pues cuenta con el fuero hasta que cumpla su mandato— fue celebrada por el panista y supone un balón de oxígeno de cara a las votaciones.
El profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Hugo Sánchez, explica que Tamaulipas es una entidad estratégica en la infiltración de los cárteles en la política mexicana. Se trata de una zona donde en los últimos tres años se ha dado una guerra sin cuartel por el control de la región. “Tamaulipas llega a la jornada electoral en un ambiente polarizado donde se cruzan acusaciones de recursos de procedencia ilícita”, comenta. Sánchez hace hincapié en que los supuestos vínculos del narco con los políticos en Tamaulipas no son un tema nuevo, por el contrario, desde hace tres décadas pesa sobre el Estado y otras entidades del norte del país la sombra del dinero de los cárteles del narcotráfico que inyectan a las campañas locales, así como la coerción que pueden ejercer el mismo día de la jornada para presionar a las personas a votar por algún candidato en particular.
De acuerdo con las encuestas, el candidato morenista Américo Villarreal tiene más probabilidades de ganar la contienda. “De darse esta derrota, para el PAN sería un golpe muy importante. Porque lejos de fortalecerse a mitad del sexenio, muestra debilidad para un partido que puede ser una opción en el futuro [en las presidenciales de 2024]. Lo convierte en un partido que requiere de alianzas para poder ganar en otras votaciones”, menciona el también académico de la FES Aragón. Como en la mayoría de los Estados donde se celebrarán elecciones este 5 de junio, Sánchez refiere que la probable victoria de Villarreal está vinculada ineludiblemente a la figura del presidente López Obrador y su fuerza electoral. Ante una campaña plagada de descalificaciones de guerra sucia, Sánchez no descarta que el candidato que no resulte favorecido con los votos trate de impugnar el proceso.
A pesar de que Tamaulipas ha vivido durante años acosado por la violencia del crimen organizado, las autoridades afirman que existen las garantías de seguridad para instalar el 100% de las más de 4.777 casillas electorales en los 43 municipios del Estado. Sergio Iván Ruiz Castellot, titular de la junta local del INE en el Estado, afirma que se reforzará la vigilancia el próximo 5 de junio por parte de la Guardia Nacional y las fuerzas estatales. “Hay zonas que son un poco más inseguras que otras, hay un tramo que se le conoce como la Ribereña, seguramente ahí habrá un poco más de presencia [de la policía], pero desconozco el plan operativo. No tenemos ningún municipio donde no se vayan a instalar casillas”, zanja.
Rubén Salazar, director de la consultoría Etellekt es un poco más cauto en su pronóstico sobre los incidentes de violencia durante la jornada electoral en el Estado. En su informe sobre violencia en este proceso electoral, la consultora advierte del riesgo de que en la jornada electoral del 5 de junio en Tamaulipas, como en otros Estados donde la votación se anticipe más cerrada, se registren enfrentamientos armados, actos de intimidación —balaceras, robo de urnas, presencia de grupos armados— para ahuyentar a electores y amenazas contra dirigentes y representantes partidistas, o familiares de candidatos, de parte de grupos delictivos.
Salazar añade que de las 85 agresiones contra políticos registradas durante las campañas electorales en el país, según el conteo de la empresa consultora, siete de estas han sido homicidios, sin embargo, ninguna de las víctimas era precandidato o candidato. “Solo una de las víctimas fatales estaba relacionada con el actual proceso electoral, se trata de un presunto operador de un partido político en favor de Morena en el Estado de Tamaulipas, asesinado en Nuevo León”, refiere Salazar. El homicidio al que se refiere Salazar fue el del empresario Sergio Carmona, vinculado con el contrabando de combustibles.
En 2016, Tamaulipas, le dio la espalada al PRI por primera vez en la historia para darle la oportunidad a un Gobierno panista. El próximo domingo el Estado decidirá si reafirma su apuesta por el PAN o le da la oportunidad a un político de una amplía trayectoria priista bajo los colores de Morena.
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