Aunque no parezca, la situación de las criptomonedas y el mundo FinTech está avanzando progresivamente en Venezuela. Entre más comercios que aceptan métodos de pagos en criptos y un crecimiento constante del interés por proyectos relacionados, la situación empieza a ser cada vez más evidente.
Mientras los privados avanzan el gobierno también. Y es que recientemente se supo que la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) publicó en su página web una “providencia interna” con la que busca establecer una regulación a las empresas y proyectos FinTech.
La providencia comienza su exposición de motivos explicando que la SUNACRIP busca seguir las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que buscan prevenir el financiamiento al terrorismo, legitimación de capitales y financiamiento a la producción de armas de destrucción masiva.
Pero hay un detalle que explicó en Twitter la especialista Ana Gabriela Ojeda, en Twitter @criptolawyer. Y es que, producto de las sanciones, Venezuela no es parte del GAFI, aún así ella considera que el interés por parte del gobierno de cumplir las recomendaciones es positivo, aunque “irónico”.
También hay que acotar que según @criptolawyer, debido a que está publicada como “Providencia Interna no publicada en Gaceta”, ésta “no debería ser de estricto cumplimiento, pero es Venezuela”.
Siguiendo con el contenido de la providencia, ésta anuncia en su introducción que el nuevo marco regulatorio tiene como objetivo mejorar la transparencia en el sector financiero y para esto emite “directrices” relacionadas a la activación de los llamados como Reportes de Actividad Sospechosas (RAS).
Estas directrices aplican para toda empresa o persona natural que utilicen servicios como el P2P, smart contract, tarjetas virtuales prepagadas, monederos digitales o cualquier producto que esté relacionado al mundo FinTech. Así pues, estas personas o empresas deberán reportar al organismo regulador, cualquier transacción que parezca sospechosa como una RAS.
Ahora bien, esta norma tiene un detalle y es que incluye entre sus indicadores de actividad sospechosa a cualquier movimiento que se haga con entes que no cuenten con la aprobación del organismo regulador para operar en Venezuela.
“Clientes o usuarios que realicen operaciones con FINTECH en instituciones que no cuenten con la debida autorización de funcionamiento emitida por el Ente de Control y Regulación”.
Esto si bien no es nuevo, agrega un detalle que podría complicar la situación de las criptos en Venezuela, debido a que a partir de ahora cualquier transacción que se haga a través de Binance puede ser considerada como sospechosa.
Esto en Venezuela supone un duro golpe al mundo cripto porque limitaría los movimientos que se hacen en la plataforma.
Y es que hay que señalar que el exchange es una de las plataformas que más utilizan los venezolanos para cambiar sus bolívares por divisas o criptos, y también para realizar pagos electrónicos en divisas.
Tras tratar el tema de las operaciones con empresas y plataformas no autorizadas, la providencia salta a las estafas, esquemas fraudulentos y actividades como el phishing, robo de datos e información financiera.
Para tratar estos temas comienza explicando que investigarán cualquier actividad en redes sociales que promueva esquemas fraudulentos y estafas que utilicen a las criptomonedas.
“(Son indicadores para reportar) Clientes que utilicen redes sociales, páginas web o anuncios falsos para realizar operaciones fraudulentas con FINTECH”
Esto abre la puerta para que aquellos que recientemente están siendo acusados por promover estafas en redes puedan ser investigados y sancionados por los entes regulatorios, e incluso llevados ante la justicia.
Lo mismo sucede para toda aquella persona que realice “phishing, smishing, estafas en línea, secuestro de datos, robo de información financiera y confidencial”, debido a que entra entre los indicadores para activar un RAS.
Lo que queda tras esta providencia y siguiendo los consejos de @criptolawyer, es la obligación de todos aquellos proyectos y empresas dedicadas al mundo cripto de cumplir con las normas y regulaciones. Hay que señalar que la sanción a quienes no cumplan con estas normativas es de una multa que va de “los 100 a 300 criptoactivos soberanos”, o sea, Petros.
En conclusión, esta es otra medida por parte del gobierno venezolano que busca establecer unas normas claras relacionadas a este mundo. Quedará por ver si empresas como Reserve y Binance sacan una licencia para operar en el país.
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