Houlihan Lokey, representante del 85% de la deuda de Celsa que está en manos de los fondos, envió el pasado domingo una carta a la compañía catalana y a la SEPI para responder a la propuesta de capitalización del grupo, que aspira a lograr 550 millones en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La operación de rescate requiere el acuerdo de todas las partes -empresa, acreedores y SEPI- para salir adelante y debe cerrarse antes de un mes, ya que el 30 de junio finaliza el periodo de excepción de la Comisión Europea para permitir determinadas ayudas de Estado contrarias a la competencia.
En su misiva, los fondos explican que lamentan no haber formado parte de las negociaciones entre Celsa y la SEPI ni haber sido informados de ellas durante un año y recuerdan que cualquier acuerdo que afecte a la estructura de capital precisa de su aprobación. También critican que Celsa les ha trasladado que la propuesta de la SEPI no es negociable y aseguran que la empresa les amenaza con adoptar cualquier acción –que ellos interpretan como ir a concurso de acreedores– si no acceden a aceptar el acuerdo en los términos conocidos.
La exigencia
Los fondos piden que la familia Rubiralta realice un esfuerzo similar al que se les exige a ellos para asegurar la viabilidad de Celsa
Además, dicen que la propuesta implica una quita de su deuda de 1.200 millones, perder sus garantías para la deuda remanente y empeorar las condiciones de sus créditos, algo que no están dispuestos a consentir. Sobre todo porque, según su análisis, los la familia Rubiralta mantendría el 100% del grupo y aportaría solo 50 millones de euros en una ampliación de capital.
Para los fondos, el principal problemas es que se ignora su derecho de convertir deuda en capital, reconocido en el contrato de financiación firmado por la empresa con los bancos y que ellos se subrogaron cuando adquirieron la deuda con un descuento medio del 80%. Ahora, la deuda a su favor sube a unos 1.500 millones, pero la compañía apenas reconocería 300 millones. Los fondos insisten en la carta en que es insuficiente el esfuerzo de los accionistas en esta reestructuración en comparación con la que se les pide a ellos.
Por último, lanzan la acusación de que los consejeros y gestores de Celsa no diferencian los intereses de la empresa –a la que se deben por encima de quién les contrató o les nombró– de los del único accionista, la familia de Francesc Rubiralta, el presidente. Houlihan Lokey anuncia en la misiva a Celsa y la SEPI que realizará una propuesta alternativa en los próximos días, satisfactoria para todos, reduciendo la deuda y evitando el concurso de acreedores.
La respuesta
La empresa discute el derecho de los fondos a reclamar el cobro del total de la deuda porque ven nula la cesión de crédito
La respuesta de Celsa no se hizo esperar. Fuentes de la compañía dijeron ayer que la propuesta actual que implica la inyección de la SEPI ya es buena para todos los que forman parte de Celsa, incluidos los acreedores financieros. La empresa no reconoce en absoluto que los fondos tengan derecho a exigir el nominal de la deuda que compraron a los bancos sino solo la parte proporcional a la inversión realizada en su momento. Eso supone una quita del 80% sobre el importe reconocido por la propia compañía en sus cuentas consolidadas auditadas. Pese a figurar en su contabilidad, la empresa explica que la realidad es distinta y que lleva tiempo intentando que así se reconozca.
Como los fondos no lo admiten, esta discusión sobre la legitimidad del conjunto de la deuda llevó a Celsa a poner una demanda en el juzgado de primera instancia 11 de Madrid hace dos años. La demanda fue admitida a trámite, contestada por la parte contraria y a la espera de que el juez fije la audiencia previa. La empresa pide que se anule el acuerdo de refinanciación del 2017, homologado judicialmente por un juzgado mercantil de Barcelona, cuando separó su deuda entre sostenible y no sostenible y la estructuró a través de un préstamo sindicado y una deuda convertible. Celsa reordenó su pasivo, pero con lo que no contaba es con que poco después los bancos la vendieron a los fondos tras la exigencia del BCE a que fortalecieran su solvencia. Para deshacer la cesión de crédito, Celsa pide la nulidad de la refinanciación que la hizo posible. En cualquier caso, este tema está sub iudice y tardará años en resolverse.
Ahora, lo único que cuenta es lo que pueda resolverse antes del 30 de junio. Las posturas son antagónicas. Los fondos piden entrar en el capital y un reparto de los esfuerzos que sea equilibrado entre todas las partes. Celsa, en cambio, no contempla abrir el capital a los fondos en ningún caso “por su carácter especulativo y no industrial” y cree que los fondos se aseguran una buena rentabilidad con el pacto por la ayuda de la SEPI. .
