Las diferencias que ha suscitado la prostitución en el Govern del Botànic, especialmente entre la consellera de Justicia, Gabriela Bravo (PSPV), y la consellera de Igualdad, Mónica Oltra (Compromís), no se han visto en el pleno del Ayuntamiento de València. Después de que la vicealcaldesa socialista Sandra Gómez presentara una moción por la abolición de la prostitución, esta ha sido sustituida por una alternativa pactada y aprobada con sus socios de Gobierno, la coalición valencianista.
Ciudadanos ha votado en contra y PP y Vox se han abstenido. El equipo de Gobierno, por su parte, ha dado una lección de diálogo y consenso sobre la cuestión que no se ha visto entre sus respectivos partidos en el Consell autonómico.
La moción del PSPV y la moción alternativa aprobada
La moción inicial que había presentado el PSPV en solitario contemplaba instar a las Cortes Generales a apoyar el proyecto de Ley Integral para la Abolición de la Prostitución, apoyar la modificación del Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas; e iniciar los trámites para la aprobación de la Ordenanza Municipal para la Abolición de la Prostitución propuesta por la Generalitat y que contempla multas de hasta 3.000 euros para los puteros.
La moción alternativa que se ha aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno (PSPV y Compromís) comparte las dos primeras propuestas y la tercera la reconvierte en un Plan Integral para la prevención y atención a mujeres en situación de prostitución y/o explotación sexual, que analice el contexto actual y establezca las actuaciones a realizar por los Servicios Municipales en coordinación con otras administraciones y tejido asociativo, para el análisis y modificación de la ordenanza de prostitución en València.
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Asimismo, la alternativa aprobada insta al Gobierno de España a “abolir las causas estructurales que hay detrás de la imposibilidad de escoger alternativas a la prostitución con medidas urgentes y con impacto real a la estructura patriarcal, racista y de empobrecimiento, como la derogación de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España”.
También instar al Ejecutivo estatal a derogar “urgentemente” la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana porque “es utilizada para sancionar a las mujeres en situación de prostitución” y pide “la creación de un cuerpo especial para la persecución y lucha policial de las mafias y el proxenetismo que está detrás de la explotación sexual y el tráfico de seres humano con fines de explotación sexual”.
No podemos consentir que uno haga lo que le dé la gana con una mujer por pagar
En el debate, Sandra Gómez ha argumentado que es un tema “muy importante para los socialistas” y ha instado a abordarlo “sin tapujos”: “Hay que acabar con el falso debate de que las mujeres prostituidas hacen un trabajo sexual. Es esclavitud sexual. Es una ficción hablar de contrato sexual como si fuera un contrato laboral”.
“Decirle trabajo es legitimar que el consentimiento de las mujeres es un producto de mercado que se puede comprar y vender, que el lobby de los puteros son consumidores y el de los proxenetas son emprendedores. No podemos consentir que uno haga lo que le dé la gana con una mujer por pagar”, ha advertido, y ha añadido: “Ha llegado el momento de mojarse. Pedimos el apoyo de todos los grupos políticos para incluir el proxenetismo en el Código Penal y multas a los puteros”.
Concentración del colectivo de trabajadoras sexuales bajo el lema “Nada sobre putas sin las putas”
Por su parte, la concejala de Igualdad, Lucía Beamud, ha sostenido que la trata y la explotación sexual “es una de las formas más extremas de violencia contra la mujer”. Sin embargo, ha subrayado que es una cuestión “poliédrica” y ha apuntado a luchar contra el problema “desde la raíz”, desde la desigualdad entre hombres y mujeres y posicionándose “al lado de las mujeres prostituidas y protegerlas”.
“Las cosas no son blanco o negro, necesitamos una visión amplia. Es un tema que no tenemos que politizar. Debemos acabar con el proxenetismo y dar las herramientas necesarias a las mujeres para que puedan hacer su proyecto de vida autónomo. Si no, estarán más penalizadas”, ha añadido, en referencia a la abolición.
Debemos acabar con el proxenetismo y dar las herramientas necesarias a las mujeres para que puedan hacer su proyecto de vida autónomo
En este sentido, Beamud ha destacado el aumento de un 35% de las subvenciones nominativas concedidas a Médicos del Mundo y de Cáritas de atención a las mujeres prostituidas, el programa València Inserta de inserción sociolaboral que han beneficiado a 119 mujeres o el aumento de presupuesto para los talleres educativos en los centros educativos de 15.000 euros en 2015 a más de 10.000 y “seguirán subiendo”.
Por su parte, la concejal Marta Torrado (PP) ha recalcado que la prostitución “no puede legalizarse porque no es un trabajo” y el Estado “no puede lucrarse de la explotación sexual que atenta contra la dignidad de las mujeres y el dinero que se les paga esconde la violencia que se ejerce contra ellas”. Asimismo, ha criticado las discrepancias entre Bravo y Oltra y que, en siete años, no hayan penalizado la prostitución.
Prostitución
Por otro lado, Rocío Gil (Cs) ha marcado la posición de su grupo respecto a la prostitución: “Derechos, libertades, garantías y regulación”. Y ha instado al Gobierno a convocar “una mesa” en la que “se oigan todas las fuerzas políticas y se escuche al sector social” y se acabe plasmando en una ordenanza.
Sandra Gómez replicó: “Si la prostitución es un trabajo como cualquier otro… entonces, ¿si le llega una oferta de empleo de LABORA para ejercer la prostitución, diría que sí o que no? Puede decir hasta tres veces que no sin perder la prestación”. “Lo que no quiero para mí o para mi hija, no lo quiero para ninguna otra mujer del mundo”, ha afirmado.
La vicealcaldesa ha destacado que “la agenda abolicionista” pasa por “modificar la Ley de Extranjería” e “incorporar la tercería locativa” para poder “perseguir a las personas que alquilan sus locales para que se ejerza la prostitución”.
Vox no entra en el debate
Ha llamado la atención que ninguno de los dos concejales de Vox haya querido participar en el debate de la prostitución (solo estaba presente José Gosálbez). Es conocido que entre ambos no se hablan porque tienen mala relación y su visión sobre la prostitución sería uno de los temas que les enfrentan.
Las relaciones de la ultraderecha con la prostitución son bien conocidas, como relató el periodista Joan Cantarero en su libro Los amos de la prostitución en España. De hecho, el presidente del partido fascista España 2000, José Luis Roberto, ha regentado varios clubs y fue presidente de la Asociación Estatal de Empresarios de Alterne (ANELA), desde donde se ha defendido el derecho al lucro por la explotación de mujeres.
Oltra ha alegado contra la ley abolicionista de Bravo
La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra presentó esta semana alegaciones contra el borrador de anteproyecto de ley con el que la consellera de Justicia, Grabriela Bravo, pretende “abolir” la prostitución en la Comunitat Valenciana.
La Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad entiende que invade sus competencias en materia de igualdad de género, así como las del gobierno español. Por otro lado, diferencian entre prostitución y explotación sexual o trata.
Prostitución
En todo caso, el principal escollo es que el “principal instrumento” que presenta la Conselleria de Bravo para conseguir la abolición de la prostitución sean sanciones a los puteros.
La Conselleria de Oltra cree que estas multas se transmitan de forma indirecta a las mujeres que ejercen la prostitución, ya que entienden que el cierre de prostíbulos de carretera y espacios similares no acabarán con la prostitución, sino que la moverán de sitio, presumiblemente a lugares más opacos y donde la situación de la mujer es más vulnerable y se pueden producir más agresiones y violaciones.
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Por ello, desde la Conselleria de Igualdad abogan por hacer “un debate abierto y amplio, de escucha de todas las realidades” y proteger a las mujeres con planes como el Programa Alba, de atención itinerante y de recursos para la salida de mujeres víctimas de explotación sexual de ámbitos de prostitución y/o trata.
También recordaron el plan de LABORA con la Asociación Alanna de formación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género o de tráfico y explotación sexual con compromiso de contratación; o una renta similar al salario mínimo interprofesional para las mujeres que dejen la prostitución (sumando la Renta Valenciana de Inclusión, el Ingreso Mínimo Vital y un suplemento).
Diferencias en el movimiento feminista
El debate de la prostitución tampoco tiene una postura unánime dentro del movimiento feminista. La delegada de la Comunitat Valenciana del sindicato de Trabajadoras Sexuales – Otras, Martina Salander, sostiene que “la prostitución se puede prohibir, no abolir”, ya que “el abolicionismo no ha acabado ni con la prostitución ni con la trata” en los países donde se ha aplicado.
Salander teme que las multas a los puteros lleven “a condiciones de trabajo muy precarias” y de más “peligrosidad”: “Se ha visto en Francia. Si antes venía un cliente a tu habitación, ahora te pide que vayas tú a él. La chica se expone más yendo a la habitación de clientes y, además, te rebajan el precio y te obligan a ciertas prácticas”.
Prostitución
Y advierte que la tercería locativa “elimina los espacios de trabajo”, que en muchos casos son también las viviendas de las mujeres: “Al no tener contrato, para nosotras es muy complicado acceder a una vivienda, muchas viven en los clubs y en hoteles. Habría un problema habitacional muy grande que no se ha tenido en cuenta”.
Por otro lado, desde el Front Abolicionista PV han criticado duramente la postura de Oltra, que ven “más próxima al lobby proxeneta que a proteger a las mujeres en situación de prostitución”.
Oltra está más próxima al lobby proxeneta que a proteger a las mujeres en situación de prostitución
Y sostienen que decir que las sanciones a los puteros serán una penalización para las mujeres “es una manipulación para esconder la falta de compromiso con unas políticas reales de igualdad, que permitan a las prostituidas integrarse en la sociedad y ofrezcan alternativas para salir de esa espiral de marginalidad”.
“Las alegaciones de la Conselleria de Igualdad están basadas en el argumentario del lobby proxeneta que invisibiliza esta forma brutal de violencia sexual, denominándola ‘trabajo sexual’, para esclavizar y explotar con total impunidad”, añaden.
