Cada vez son menos quienes ponen en duda hoy que la sostenibilidad (el famoso S&ESG) está aquí para quedarse. Y al final, para bien o para mal, como en muchas otras cuestiones, las empresas se van viendo obligadas a decidir qué camino recorrer, sabiendo que el inmovilismo es probablemente la peor opción. Esto es una realidad para todo tipo de empresas, independientemente de su rol en la economía (productores, distribuidores, asesores, etc.) y sectores. Pero que la sostenibilidad está ya sentada habitualmente en las mesas de decisión no está en absoluto reñido con la existencia de infinitos debates sobre la cuestión.Y es ahí donde radica el interés en este tema tan dinámico.
Un tema de absoluta actualidad, por ejemplo, es la propuesta de directiva para una gobernanza empresarial sostenible ya que el próximo 23 de mayo termina el plazo para enviar comentarios a la Comisión Europea, que recopilará las aportaciones y las facilitará al Parlamento Europeo y al Consejo para alimentar el debate legislativo.
Se supone que la directiva incentivará que las empresas se centren en la creación de valor sostenible a largo plazo, en lugar de maximizar beneficios a corto plazo. Su objetivo declarado es alinear mejor los intereses de las empresas, sus accionistas, los gestores, las partes interesadas y la sociedad. Ello pasa por integrar en la estrategia empresarial la gestión de riesgos y repercusiones para los derechos humanos y el medio ambiente. Pero también, desde un punto de vista legislativo, por facilitar quejas y recursos de las personas afectadas por la actividad empresarial y, lógicamente, por generar seguridad jurídica en lo que respecta al comportamiento y la responsabilidad deseables.
Dada la trascendencia de esta directiva y la imposibilidad de que el legislador europeo acierte con una redacción que satisfaga a todos los afectados, estando aún abierto el plazo de comentarios, cualquier empresa debería considerar cómo quiere posicionarse en este proceso normativo, ahora que todavía está a tiempo.
Otra cuestión que también está de actualidad es el proceso de reforma de la normativa de competencia en materia de acuerdos entre empresas que expira en diciembre de este año. La Comisión Europea ha publicado en marzo, y están en fase de consulta, los proyectos de reglamentos relativos a acuerdos de investigación y desarrollo, acuerdos de especialización y, también, sus directrices sobre acuerdos de cooperación horizontal.
Los nuevos textos incluyen disposiciones específicas para los acuerdos en materia de sostenibilidad, incluyendo definiciones y explicaciones de qué cooperaciones entre empresas pueden ser -o no- anticompetitivas, pues la propia Comisión Europea considera que habrá un incremento notable de acuerdos de cooperación entre empresas para la consecución de objetivos de sostenibilidad.
Otro ángulo interesante es la creciente oferta de cursos de formación en materia de sostenibilidad. Una búsqueda rápida en internet evidencia la ingente cantidad de material disponible y programas enfocados a todo tipo de actores, desde educación universitaria hasta directivos, pasando por todo tipo de asesores.
Por tanto, se ha generado el agradable problema de separar el grano de la paja para identificar, entre la ingente oferta, aquél programa que aporte el mayor beneficio al mejor coste, en función de la posición y objetivos de cada cual. Anticipamos que este ejercicio será particularmente necesario para directivos, incluyendo los legales, dadas sus funciones y responsabilidades.
En cierto modo ligado con la formación, en nuestra condición de asesores externos, vemos que los criterios de inversión sostenible ganan cada vez más peso en la toma de decisiones, particularmente en las financieras, pero también de otro tipo.
Desde el punto de vista financiero vemos cómo, en el mundo de métricas en que vivimos, empiezan a surgir evidencias empíricas de que la inversión sostenible no es necesariamente más cara que la tradicional (por ejemplo, en términos de comisiones) y que, de hecho, puede arrojar retornos superiores. Pero vemos también cómo se incrementa la litigiosidad en este ámbito (el dieselgate está aún en la mente colectiva, pero hay muchos otros) y, para evitarla, las due diligence en materia de sostenibilidad ganan terreno con rapidez.
Y no podemos terminar sin mencionar el conflicto entre Rusia y Ucrania, que desde el punto de vista de la sostenibilidad plantea también debates muy interesantes. Uno de ellos el encaje entre la revalorización de las empresas de defensa en tiempos de guerra -cuestión muy antigua- y la preferencia cada vez más acusada de los inversores de invertir en empresas sostenibles. Debate que tiene derivadas interesantes, como, por ejemplo, si invertir en empresas de defensa es contrario a la sostenibilidad por las propias guerras o está en favor de la sostenibilidad, precisamente por evitarlas y garantizar el bienestar de la población. También por el desarrollo de tecnología que tiene después aplicaciones civiles que elevan la calidad de vida o, desde otra óptica, porque quizá también las empresas de defensa merecen ayuda para lograr una transición adecuada de sus negocios.
En definitiva, debate complejo e interesante el de la sostenibilidad que debe avanzar hacia las cuestiones más prácticas de implementación, pues el debate de si las empresas deben adoptar criterios ESG está ya dando síntomas de agotamiento.
Joaquín Hervada, socio responsable de Competencia y corresponsable de ESG en DLA Piper España, y Paz de la Iglesia, socia responsable de Laboral y corresponsable de ESG en DLA Piper España
