La sensacionalista difusión de circunstancias inmobiliarias y conyugales en Houston de un hijo del presidente López Obrador pareció ser el banderazo de salida de una campaña mediática y política que no ha cesado en tratar de mostrar, a partir de hechos falsos o reales; inexistentes, tenues o graves; verificables o magnificados, la cara más reprobable del poliedro llamado Cuarta Transformación (4T).
Lo de Houston ha sido, hasta el momento, un trabajo propagandístico, que no periodístico, del corruptamente financiado portal Latinus, que a la fecha no ha podido mostrar pruebas, las cuales deberían ser exactas y contundentes, del presunto conflicto de intereses entre un directivo de una empresa petrolera estadunidense, el gobierno federal mexicano, el propio José Ramón López Beltrán y su esposa.
En rigor periodístico ha sido fallida y mentirosa, conforme a lo publicado hasta ahora en el sitio dirigido por el frecuentemente arrebatado Carlos Loret, la historia de supuestos actos de corrupción en cuanto a una residencia que, en busca desesperada de generar materia de descalificación, fue bautizada por sus promotores como “la casa gris”, con la pretensión de equiparar el caso texano con la Casa Blanca de Angélica Rivera, entonces esposa de Enrique Peña Nieto. No hay punto de referencia alguno: el trabajo de Carmen Aristegui y su equipo fue sólido, categórico, indiscutible, mientras la impostada cromática loretiana no resiste una revisión seria y profesional.
Tan endeble construcción, proyectada desde el espacio financiado por cercanos a Roberto Madrazo Pintado y Silvano Aureoles, obtuvo un extraordinario apoyo de medios nacionales e internacionales y de políticos y empresarios contrarios a López Obrador, quien desde entonces mantiene desde su tribuna mañanera una excesiva y contraproducente campaña de desacreditación del desacreditado mensajero Loret.
Ahora se han juntado tres temas que en sí mismos contienen muestras de un gobierno federal desordenado e ineficaz, pero al mismo tiempo manejados con igual sentido faccioso de instrumentación política descalificadora del gobierno obradorista.
Cierto es que el obradorismo no ha podido frenar al crimen organizado que en su expansión impune agrede y asesina a ciudadanos en general y a periodistas en particular. Es insostenible la “política” abrazadora ante la balacera cotidiana y, en el gremio periodístico, la desesperación y la protesta son crecientes, como sucedió ayer al saberse el asesinato de las periodistas Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olvera, en Cosoleacaque, Veracruz, a pocos días de otro asesinato impactante, el de Luis Enrique Ramírez en Culiacán.
Otro hecho que agrega temor y desconfianza se ha producido en cuanto al manejo del espacio aeronáutico. Reportes formales de controladores aéreos, así como video y testimonios de un caso de evidente riesgo de colisión, llevaron a la renuncia de uno de los responsables del tráfico aéreo y ayer en Gobernación se realizó una reunión con directivos de aerolíneas para evitar la repetición de hechos peligrosos.
Otro tema políticamente delicado, a pesar de los esfuerzos de Palacio Nacional, Carlos Slim y, de manera derivada, Claudia Sheinbaum, por establecer un eficaz control de daños, es el último reporte de la firma de dictaminaciones técnicas contratada para analizar lo sucedido en un tramo de la línea 12. Marcelo Ebrard tendría responsabilidad original, pero Miguel Ángel Mancera y Sheinbaum igual por no dar el debido mantenimiento e inspección.
En los tres temas (periodistas, espacio aéreo y línea 12) hay una importante cuota de responsabilidad de diversos niveles de gobiernos morenistas. Pero tampoco puede obviarse que, desde el banderazo cromático loretista, todo fluye en clave 2024, con ánimos opositores desbordados y una conjunción de factores mediáticos, políticos y electorales que buscan aprovechar para exacerbar. ¡Hasta mañana!
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