Los problemas sociales a los que se enfrentan muchas entidades del país a causa de la desigualdad, como la deserción escolar, el embarazo adolescente, la baja productividad o la delincuencia, deben ser atendidos por el Estado desde su origen, es decir, durante la primera infancia (los primeros cinco años de vida de todo menor de edad), “y no cuando ya los tenemos encima”, aseguró Magdalena de Luna, Coordinadora Nacional de Política Territorial del Pacto por la Primera Infancia.
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“Lo que nosotros vemos en las campañas políticas es la misma preocupación que tenemos nosotros con respecto a los problemas que más le preocupan a México, pero las propuestas casi siempre están enfocadas en solucionar los efectos, cuando los problemas ya están ahí y nos están matando”, detalla la representante del colectivo -integrado por más de 270 organizaciones civiles- en entrevista para La Silla Rota.
La activista resaltó que la propuesta del colectivo es trabajar desde la etapa de la vida en la que se construyen las capacidades físicas, intelectuales y emocionales de las personas.
“Al tener desnutrición en los primeros años de vida, lo que tú puedes ver es que un niño está chaparrito y pierde talla, cuando un niño tiene desnutrición crónica, y empieza a dejar de crecer, lo que tú no alcanzas a ver es que también su cerebro dejó de crecer y sólo crece en los primeros años de vida”, señaló De Luna.
Las repercusiones de ello, explica, se verán reflejadas en la dificultad para realizar actividades básicas en su desarrollo intelectual, como las operaciones aritméticas, la comprensión lectora u otras como el seguir indicaciones de más de cuatro pasos.
(Imagen: Pacto por la Primera infancia)
En cuanto a la salud, señaló que los descuidos en el desarrollo nutritivo durante la primera infancia también son un factor de origen para enfermedades como diabetes e hipertensión, de las principales que son atendidas por el Sistema Nacional de Salud.
“Lo mismo, si creciste en un ambiente violento o negligente, tus capacidades de generar solidaridad, apego, autocuidado, también se deterioran de manera permanente, un factor de conducta antisocial e incluso delictiva”, comentó.
Magdalena de Luna afirmó que el atender las causas de los problemas sociales desde su origen va más allá de la entrega directa de recursos a través de un sistema asistencialista, pues si es la única solución manejada por el Estado, se dejan de atender otros factores que causan desigualdad y pobreza.
PACTO POR LA PRIMERA INFANCIA EN OAXACA
El colectivo invitará a los candidatos a presidir el gobierno de Oaxaca para las próximas elecciones del 5 de junio a suscribir el pacto.
En el estado, el 70% de los niños en primera infancia (menores de 6 años) está en situación de pobreza, en términos de acceso a servicios de salud, educativos, a alimentación variada y nutritiva, “y ese acceso es un tema de política pública, que no se resuelve únicamente con transferencias”, apuntó.
(Imagen: Pacto por la Primera infancia)
El estado se ubica en el tercer lugar a nivel nacional con menores en esta situación, es decir, 278,864 niñas y niños, de los cuales, más de 100 mil están en situación de pobreza extrema, según un análisis del Pacto por la Primera Infancia con base en información publicada por en 2020 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
(Imagen: Pacto por la Primera infancia)
Alberto Sotomayor, Coordinador de Investigación en el Pacto por la Primera Infancia, destacó en marzo pasado que a pesar de que el estado de Oaxaca disminuyó el porcentaje de niñas y niños menores de 6 años en pobreza, entre el 2018 y el 2020; dos de las seis carencias que constituyen el perfil multidimensional de la pobreza incrementaron significativamente: acceso a servicios de salud en donde cuatro de cada 10 niños oaxaqueños no cuentan con servicios médico; así como acceso a la alimentación de calidad que afecta a uno de cada tres niñas y niños menores de 6 años en la entidad.
Oaxaca también ocupa el tercer lugar en el ranking de carencia a la seguridad social y a servicios básicos en la vivienda.
“Tener una mala primera infancia en términos nutricionales, de acceso a la educación, a la estimulación, a los servicios de salud, a maltrato y negligencia, y cómo se traduce en problemas que después se hacen más grandes y desde luego sus soluciones son más complicadas”.
LA RUTA INTEGRAL DE ATENCIONES
“Si tú no garantizas el ejercicio de derechos en la primera infancia… estás deteriorando también el acceso a tus derechos en el futuro”, expone De Luna, quien aseguró que el colectivo realiza un trabajo de coordinación con la ciudadanía para “visibilizar que el tema de los derechos de nuestros hijos es algo que los papás, las mamás y los cuidadores tenemos que abogar por ello, demandar e incluso exigir”.
Por ello se exhorta a padres y madres de familia a conocer cuáles son los bienes y servicios a los que deben tener acceso sus hijas e hijos para garantizar sus derechos y asegurar el desarrollo de su potencial, para ello es importante conocer la llamada ruta integral de atenciones.
Esta ruta se trata de un paquete de atenciones y servicios universales mínimos, necesarios para garantizar la integralidad de la política y la articulación de las atenciones dirigidas a la primera infancia, con base en lo que requieren para su desarrollo integral y para responder a sus intereses y necesidades, y no con base a los servicios actuales de la oferta, según un programa creado por el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Las atenciones engloban los ámbitos de Salud y nutrición; Educación y cuidados; Protección; Bienestar, y abarca cinco etapas: 1) Pregestación; 2) Embarazo; 3) Nacimiento al primer mes de vida; 4) Primer mes a los 3 años; y%) de los 3 a los 5 años de edad.
“Habrá familias que puedan darle acceso a sus hijas e hijos a todos estos bienes y servicios por sí mismos, porque están en una situación privilegiada; pero cuando ellos detectan que hay algunos de estos bienes que no están a su alcance, es el Estado el que tiene que focalizar en esos grupos de mayor vulnerabilidad para garantizar el acceso a ellos, entonces, los papás tendrían que estar concientes de eso, conocer la ruta integral y demandar esos bienes y servicios al estado”.
¿CÓMO PUEDEN GARANTIZAR LOS GOBIERNOS LOS DERECHOS DE NIÑAS Y NIÑOS?
Que se incorporen en los instrumentos de la política pública objetivos, estrategias y líneas de acción que garanticen el acceso de los menores a sus derechos, es un primer paso, por eso se insiste en el llamado a los candidatos que pretenden encabezar el gobierno de Oaxaca a que suscriban este pacto y velar por sus 10 metas por ello las 10 metas del pacto se enfocan a lograr avances en este sentido.
(Imagen: Pacto por la Primera infancia)
Adicional a las metas se cuentan con cinco condiciones estructurales:
1) Que el pacto esté en planes y programas de gobierno;
2) Que se pueda implementar en el estado de Oaxaca la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, una iniciativa en marcha impulsada por el Sistema Nacional de Protección de Derechos;
3) Identificar los programas presupuestales específicos para que se asignen y visibilicen los presupuestos para las niñas y niños, especialmente en Primera Infancia;
4) Identificar cuáles de las necesidades de las niñas y niños en Primera Infancia no están cubiertas por estos programas que realizan acciones o que prestan bienes y servicios;
5) Establecer indicadores de seguimiento para poder monitorear si se avanza o se retrocede, es decir, transparencia en el sentido de incorporar los avances o las brechas en los informes de gobierno.
“Incorporar estas herramientas puede lograr que, efectivamente, los gobiernos puedan realizar acciones en favor de la primera infancia, sino, todo es demagogia, si sólo lo ponen en el plan pero no el los presupuestos, si no lo monitorean, no va a funcionar”, precisó Magdalena de Luna.
El pacto no es jurídico ni vinculante, explica la activista, “es un tema que apela a la voluntad política y nosotros, como red, lo que tenemos siempre como herramienta es la visibilización, pero la verdad es que nuestro método de trabajo es colaborativo”.
Actualmente son 13 gobernadoras y gobernadores firmantes del Pacto en: Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Yucatán.
El colectivo, además, aboga y acompaña técnicamente al gobierno federal, 8 gobiernos estatales: Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca, Sinaloa, Sonora y Yucatán; y decenas de legisladores para lograr el cumplimiento de los compromisos firmados.
(djh)