¿Qué prácticas prevalecen y qué ha cambiado en la LXV Legislatura?
El último año se vio marcado por la discusión de la iniciativa de reforma energética enviada por el Ejecutivo federal en octubre de 2021. A partir de entonces, la discusión pública y las negociaciones del resto de las iniciativas giraron en torno a la reforma energética.
Los 25 foros del Parlamento abierto, la confrontación entre grupos parlamentarios y las presiones a los legisladores por parte del presidente López Obrador en la conferencia matutina no permitieron que ningún otro tema relevante se abordara en el periodo.
Por otro lado, el rechazo a la reforma marcó un antes y un después en el papel de la oposición para negociar, por lo menos, las reformas constitucionales. Gracias a la integración de la Junta de Coordinación Política y la mayoría con la que cuenta, Morena aún puede monopolizar la agenda.
Sin embargo, los 223 votos de la oposición bastaron para frenar por primera vez una iniciativa constitucional de López Obrador, la más ambiciosa del sexenio y la más importante para la narrativa de soberanía energética que caracteriza a esta administración.
Luego del rechazo a la reforma energética, Morena respondió deteniendo algunos dictámenes de consenso de la oposición. Mientras tanto, el presidente continúa el escarnio público durante las conferencias mañaneras y este discurso se amplifica en la tribuna de las Cámaras del Congreso.
Una práctica que ha caracterizado a las dos últimas legislaturas es la dispensa de trámites. Luego del rechazo a la reforma energética, el presidente envió la reforma a la Ley Minera con el fin de reservar para la nación la explotación del litio. La iniciativa fue aprobada por ambas Cámaras del Congreso, dispensando todos los trámites del proceso legislativo, y publicada en el Diario Oficial de la Federación en menos de tres días.
No es la primera vez que Morena utiliza el fast track para mostrar su fuerza para la aprobación de reformas a leyes secundarias; empero, esta práctica desincentiva el análisis detallado de las modificaciones legales y debería reservarse para asuntos de emergencia nacional.
Además, la monopolización de la agenda contribuye a que el Congreso siga omitiendo sus obligaciones legales, como la expedición de nombramientos y legislación mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El ejemplo más claro es la Ley General de Aguas, pendiente desde 2012 y que tenía como fecha límite el 30 de abril de 2022, de la cual no se marcó ni siquiera una ruta para su análisis y posterior discusión.
¿Qué podemos esperar para los próximos dos años de la Legislatura?
La semana pasada, el presidente envió una ambiciosa reforma electoral que busca modificar 18 artículos de la Constitución. Morena no cuenta con los votos necesarios para aprobarla sin la oposición, que no tiene incentivo alguno para negociar con el partido oficialista.
Se prevé que Morena busque alargar la discusión del asunto mediante un Parlamento Abierto, a fin de mantenerlo en la agenda rumbo a las elecciones locales de junio.
A diferencia de la reforma energética, será fundamental que la oposición sea clara con su postura y descarte lo antes posible la iniciativa para evitar que se utilice con fines propagandísticos.
Se prevé que el presidente continúe usando al Congreso como amplificador de sus mensajes políticos, incluso ahora que no cuenta con la mayoría calificada para avalar reformas constitucionales. Luego de la reforma electoral, se anticipa que el presidente envíe al Congreso la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional.
