Al tiempo que las relaciones con varios países de Centroamérica tiende a enfriarse, Costa Rica se unió a Panamá y República Dominicana para formar la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), una instancia de cooperación multilateral que busca estrechar vínculos entre los tres países.
Las tres naciones se yerguen como un enclave de estabilidad en medio de una región con débiles instancias multilaterales y que vive una época de deterioro institucional, con casos como los de Nicaragua o El Salvador. Así, además, la ADD desea establecerse como un aliado de Estados Unidos en el Istmo.
Más allá del ámbito político, los tres países son importantes socios comerciales con millonarios intercambios cada año.
La Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) nació en setiembre del 2021 en el marco de la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo común de abordar áreas de interés para la política exterior de los tres países.
Desde ese momento se han realizado tres reuniones –una en cada país– entre el presidente de la República, Carlos Alvarado, y sus homólogos de Panamá y República Dominicana: Laurentino Cortizo y Luis Abinader, respectivamente.
Además del ámbito político y diplomático, dentro de la agenda de la ADD están temas como el intercambio comercial, el desarrollo sostenible, la migración y seguridad. Los gobiernos también procuran la canalización de la cooperación internacional hacia la región.
“El objetivo de la Alianza para el Desarrollo en Democracia es el fortalecimiento institucional de nuestros países, pero de (todos) los países de la región. Y desde el punto de vista de desarrollo, estamos hablando del desarrollo económico y social”, declaró Cortizo en la última reunión de la ADD, realizada en marzo en territorio costarricense.
Tras ese encuentro, Alvarado afirmó que buscan “trabajar en instrumentos coordinados para el bienestar de los países”. Entre las iniciativas, el mandatario destacó una propuesta de los ministros de Hacienda para atraer financiamiento “novedoso” o la creación de un grupo de empresarios de las tres nacionalidades, y una contraparte estadounidense, que buscan generar inversión en la zona.
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El presidente panameño habló de un fondo para infraestructura y para el financiamiento de emprendedoras y su homólogo dominicano resaltó la posibilidad de acuerdos con EE. UU.
Precisamente, el mandatario de ese país, Joe Biden, dio también un espaldarazo a la ADD en diciembre pasado cuando elogió a los tres países por su compromiso con la “transparencia, los derechos humanos, el desarrollo económico y el fortalecimiento de la democracia en toda la región”.
“Este es el tipo de compromiso y asociaciones inspiradoras que espero que veamos más, a medida que abordemos este tema en el próximo año de trabajo”, declaró Biden.
El apoyo de EE. UU. no es menor, pues llega en un momento cuando su gobierno ha prometido ayudas a la región, principalmente al Triángulo Norte, debido a su preocupación por los flujos migratorios. Pero también Washington ha tenido roces con estos gobiernos en medio de un contexto complejo.
La constitución de la ADD llega en un momento complicado para la región centroamericana.
Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega, ve coartadas las libertades de expresión y de prensa, al tiempo que EE. UU. condena y sanciona al gobierno orteguista.
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En El Salvador, Nayib Bukele se perfila cada vez más con tintes autoritarios. Además, lanza críticas constantes contra las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y la comunidad internacional por su “injerencia”, y ha tenido intercambios con la embajadora estadounidense.
Honduras finalizó recientemente el gobierno de Juan Orlando Hernández, quien enfrenta acusaciones por narcotráfico y fue extraditado a EE. UU., donde ya su hermano cumple condena por el mismo delito. Ahora, está por ver cuál será la posición y el rumbo que tomará el país con el gobierno de Xiomara Castro.
Mientras tanto, distintas entidades han expresado su preocupación por el debilitamiento de la independencia judicial en Guatemala y la persecución a jueces, magistrados y otras figuras.
“Centroamérica ha tenido una particularidad en el desarrollo de su institucionalidad democrática desde los Acuerdos de Paz (…). Esto ha fraccionado a la región en dos partes: el Triángulo Norte y la parte sur con una institucionalidad más estable”, comentó Gerald Solano, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional.
En ese contexto, la alianza se ancla en la idea de democracia para desmarcarse de su entorno pero también en erigir un cerco democrático y, con el apoyo de EE. UU., tener algún impacto en el resto de países.
Esto también modifica la agenda estadounidense para con la región, que hasta el momento se ha centrado en la lucha contra las drogas y el control de la migración hacia su territorio. Para esto ha prometido ayudas millonarias de inversión, las cuales no se han hecho efectivas aún.
Incidir en los otros demás países del vecindario, como lo expuso Cortizo, es un tema que los analistas ven con escepticismo, pues consideran que la ADD tiene un peso limitado.
“Es un peso retórico. No tienen los medios económicos para promover eso; no tienen los medios políticos para que les hagan caso (…). La batalla es retórica nada más”, apuntó el politólogo Constantino Urcuyo, para quien Costa Rica gana con la ADD al reafirmar su vocación democrática, al tiempo que encuentra aliados en la región que comparten esa misma línea.
Aunque los presidentes aseguraron que el objetivo de la ADD no es reemplazar al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), también admitieron que este órgano requiere de ajustes.
El SICA es la principal instancia de la integración en la región, de la que forman parte los siete países del Istmo más República Dominicana. Actualmente está paralizado pues sigue sin nombrarse una persona en la secretaría general, propuesta que le corresponde a Nicaragua. Tampoco tiene suficientes recursos, pues depende en gran medida de la cooperación internacional.
“El SICA se va a seguir deteriorando porque no depende de su estructura como tal, sino de la correlación de fuerzas políticas de la región y actualmente no es favorable a la integración centroamericana”, aseguró Urcuyo.
El Istmo carece de puntos en común entre los gobiernos, apuntó Solano.
Los analistas coincidieron también en que Costa Rica no está en posición de asumir un liderazgo por sí solo, y dejaron ver que existen incógnitas sobre cuál será la política exterior que seguirá el gobierno de Rodrigo Chaves.
Costa Rica, Panamá y República Dominicana confirman un mercado de cerca de 20 millones de personas y un producto interno bruto (PIB) conjunto de $195.000 millones, lo que posiciona a la ADD entre las diez economías de Latinoamérica.
Alvarado resaltó que las tres economías representan el tercer socio de EE. UU. en la región, superado por México y Brasil.
Según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), Costa Rica exportó a los dos países de la ADD mercancías por un valor de $952 millones e importó $415 millones en el 2021.
En ese sentido, el académico de la UNA que Centroamérica es uno de los principales socios comerciales de Costa Rica, además de una zona de tránsito para productos que van a otros países, por lo que la estabilidad política y las buenas relaciones son necesarias.