El proyecto de bicicleta pública en Quito, denominado BiciQ, sigue en el abandono. La iniciativa que arrancó en 2012 permanece sin actividad desde que empezó la pandemia en marzo de 2020, cuando el Municipio suspendió el servicio a causa del confinamiento. Hasta el momento, las autoridades no han dado luces sobre el futuro del proyecto.
A esta situación se suma que la Controlaría General del Estado (CGE) encontró irregularidades en el proceso de adquisición de 300 bicicletas eléctricas que la Secretaría de Movilidad del Municipio compró en 2015 a la empresa Allbikes por un monto de $ 844.207.
De esa cantidad de bicicletas, la entidad de control realizó un examen especial a 296 unidades valoradas en $ 832.951 -aprobado el 28 de marzo de 2022- y se dejó por fuera de esta auditoría a 4 bicicletas que fueron parte de otro examen que se efectuó en 2020.
Entre las anomalías detectadas, la Contraloría destaca que la adquisición se llevó a cabo sin un informe técnico que sustente la cantidad y tipo de bicicletas que se requerían, especificaciones técnicas, objetivo y finalidad de la contratación.
El equipo auditor halló material elaborado y revisado por el Coordinador de Transporte No Motorizados de la Secretaría de Movilidad, en el cual se menciona como necesidad que la ordenanza metropolitana 268 plantea como obligación municipal diseñar planes y programas para la promoción, circulación y desarrollo del transporte no motorizado, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, poniendo como prioridad al peatón y al ciclista.
Y como justificación se señalan temas relacionados con la demanda de viajes en bicicleta, así como los resultados de una evaluación de satisfacción de la calidad del servicio del Sistema de Bicicleta Pública (SBP), donde en 6 % de usuarios recomendaron que se requieren nuevas y mejores bicicletas, entre otros aspectos.
Por otro lado, se encontró que en 2015 el colectivo de mujeres ciclistas Carishina en Bici dirigió un comunicado al secretario de Movilidad de la época, donde exponen que existen varios problemas en el SBP, “que no se resuelven a través de la compra de más bicicletas”. Algunos de estos inconvenientes tienen que ver con la falta de mantenimiento de la flota de bicicletas, no existen suficientes ciclovías, invasión de automóviles en el carril exclusivo del SBP, entre otros.
Con estos antecedentes, la Contraloría concluyó que no hubo coordinación del proyecto de adquisición de las bicicletas eléctricas con grupos sociales, pese a que esto conta en la justificación de los términos de referencia, de acuerdo con la ordenanza 268, y se inobservó la obligación municipal de diseñar planes y programas para la promoción, circulación y desarrollo del transporte no motorizado en coordinación con organizaciones sociales.
Además, la institución señala que el secretario de Movilidad que estuvo en funciones entre el 27 de enero de 2015 al 16 de noviembre de 2012 “no supervisó previo a la aprobación, la información que motivó el proceso de adquisición, ocasionando que se dé inicio a un proceso de adquisición de bicicletas eléctricas sin justificar su necesidad real y técnica”.
No se cumplieron requisitos de experiencia mínima
Para el proceso de adquisición, la Secretaría de Movilidad invitó a 159 proveedores el 12 de agosto de 2015. Sin embargo, solo se recibieron dos ofertas: una de la empresa AllBikes por $ 888.970; y otra de la compañía Comercial Salvador Pacheco Mora por $ 889.107.
La comisión técnica a cargo de revisar las propuestas determinó que AllBike cumplió con todos los parámetros solicitados, así que se habilitó para seguir el proceso.
Pero en el examen especial de la Contraloría se descubrió que la oferta de Allbikes tenía varios incumplimientos. El director del proyecto no contaba con los requisitos de experiencia mínima exigida en los pliegos. La comisión técnica no validó el certificado de egresamiento universitario que el oferente presentó, ni se constató los títulos de tercer nivel en la Secretaría de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Senescyt).
El director del proyecto entregó como sustentos de experiencia laboral certificados emitidos por empresas de servicios petroleros. Sin embargo, el equipo auditor que realizó el examen especial precisa que en los pliegos del proceso se requirió experiencia en proyectos a fines al objeto del contrato; “por lo tanto, el personal técnico de la empresa oferente no cumplía con este requisito”.
La Contraloría sostiene que debido a que ninguno de los dos oferentes cumplieron con los requisitos mínimos del personal requerido el proceso de adquisición debió ser declarado desierto.
Además, se indica que la comisión técnica y el representante legal de AllBikes acordaron bajar el valor de la compra a $ 844.207. En la negociación también decidieron que la Secretaría pague un anticipo del 70 %, debido a las salvaguardias y aumento de aranceles que regía en ese tiempo; el 30 % restante se cancelaría con la entrega de las bicicletas. En el contrato, el contrato estipulaba un anticipo del 50 %.
La Contraloría señala que este convenio de pago no habría sido legal, ya que se modificaron las condiciones establecidas en los pliegos en aspectos no relacionados con la mejora de la oferta económica.
La auditoría reitera que la Secretaría de Movilidad adjudicó a un oferente que no cumplió con los requisitos de los pliegos, “sin efectuar una supervisión de validación y cumplimiento de las condiciones contractuales”.
Prórroga del plazo sin justificar
Inicialmente, las 300 bicicletas eléctricas debían entregarse el 23 de enero de 2016. Sin embargo, la entrega se concretó en marzo, debido a que la empresa solicitó a la Secretaría una prórroga de 40 días -que vencía el 4 de marzo-, justificando que el 7 de enero de 2016 la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) comunicó que no se podrán hacer envíos aéreos de baterías de litio, porque eran consideradas como mercancías peligrosas. La Secretaría de Movilidad concedió la extensión del plazo.
Sin embargo, la Contraloría halló que las disposiciones de IATA empezaban a regir recién desde el 1 de abril de 2016, es decir, después de la fecha original en que vencía la entrega de las bicicletas. “Los fundamentos expuestos no justificaron la solicitud de prórroga de plazo”, señala el examen especial.
La entidad de control también cuestiona que no se consideraron multas por los 55 días de retraso, desde el 23 de enero hasta el 4 de marzo. El acta de entrega recepción definitiva del contrato se firmó el 19 de marzo de 2016.
Bicicletas eléctricas embodegadas
A parte de las irregularidades detectadas en el proceso de adquisición, en el examen especial llama la atención que una vez que se recibieron las bicicletas éstas permanecieron varios meses embodegadas, sin tener el uso y cuidado que correspondía.
Las bicicletas fueron ingresadas al Sistema de Bienes Municipales el 26 de septiembre de 2016. La Contraloría advierte que no hay evidencia de dónde y bajo qué custodia estuvieron las bicicletas durante los seis meses que transcurrieron de que el contratista las entregó al Municipio. “No fueron utilizadas por cuanto las mismas no tenían un custodio responsable”, destaca el informe.
Efraín Bastidas, gerente de Metro de Quito, puso a disposición su cargo
Las bicicletas pasaron seis meses más sin ser utilizadas. El 22 de mayo de 2017 un total de 296 bicicletas eléctricas fueron transferidas a la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). De ese grupo, 33 bicicletas estaban en condiciones operativas, 174 presentaban desperfectos leves y 89 tenían problemas eléctricos.
Tras constatar que no existen datos de préstamos de las bicicletas, ni de usuarios que accedieron a ellas, ni por cuánto tiempo fueron utilizadas una vez que pasaron a manos de la AMT, entre otros aspectos, la Contraloría concluyó que las bicicletas eléctricas “se mantienen embodegadas, sin mantenimiento, en deterioro y que no aportan al desarrollo y mejoramiento de la movilidad, debido a que no se distribuyó, ni se ingresó al sistema BiciQuito para su uso, ocasionando el pago de $ 832.951 por bienes que no contribuyen a la optimización y cumplimiento del objetivo del transporte no motorizado”.
Con respecto al contenido del examen especial aprobado el 28 de marzo de 2022, la Secretaría de Movilidad señaló que el Departamento Jurídico de la entidad analizaba el tema y se esperaba una notificación formal de la Contraloría para tomar decisiones sobre el tema. (I)
