Denuncian a exfuncionarios de Cofepris ante SFP por anterior etiquetado

La organización civil El Poder del Consumidor (EPC) presentó diversas denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de exfuncionarios de La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) por presuntamente haber permitido que la empresa Coca-Cola se inmiscuyera en el diseño del antiguo etiquetado de bebidas y alimentos, lo que se presume como un conflicto de intereses para favorecer a la compañía refresquera. 

Las denuncias presentadas contra altos exfuncionarios de la Cofepris, incluidos los ex comisionados Mikel Arriola y Álvaro Pérez Vega y el ex director jurídico Patricio Caso, también se interpusieron por intercambios de correos y reuniones que presuntamente reflejan que la Comisión y Coca-Cola buscaban colaborar en una defensa en conjunto contra los amparos presentados contra este etiquetado, en 2014 y 2015, por El Poder del Consumidor y otras organizaciones de la sociedad civil. 

“Ante la Secretaría de Salud nosotros denunciamos este etiquetado porque tenía un criterio de azúcar de 90 gramos al día, cuando la recomendación de la OMS era de 50 gramos. Sin embargo, muchas otras empresas, como Kellog´s, Nestle, Unilever, entre otras, empezaron también a utilizarlo. Después Cofepris anunció que ese etiquetado sería el obligatorio”, señaló Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, en una conferencia de prensa, este miércoles. 

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Como prueba del presunto conflicto de intereses que denuncian, Calvillo y Javier Zúñiga, coordinador jurídico de esta organización, exhibieron una carta de la OPS/OMS en la que expresa dudas conceptuales sobre este etiquetado, así como información obtenida vía transparencia (de la que Animal Político tiene copia), en la que Cofepris admite que no se conformó un grupo de expertos para elaborarlo: la tarea la realizaron dos abogados y una ingeniera. 

“Una de esas personas que elaboró el etiquetado fue Patricio Caso, ex funcionario de la Comisión y que ahora trabaja para Coca-Cola”, señaló Calvillo. 

Para tratar de frenar ese etiquetado, el Poder del Consumidor, diversos consumidores y otras asociaciones civiles, interpusieron, en 2015, demandas de amparo en contra de la Cofepris, y llamaron al juicio a Coca-Cola y sus subsidiarias, como Jugos del Valle, como terceras interesadas.

 A la par y derivado de dichos juicios de amparo, en 2020, explicó Calvillo, se inició un proceso legal en los Estados Unidos llamado Foreign Legal Assistance (FLA), en el cual se puede obtener información de empresas estadounidenses que sean relevantes para un juicio en el extranjero. 

Así, un Juez en Atlanta de los Estados Unidos resolvió a favor esta petición y, mediante negociaciones con abogados de la empresa Coca-Cola Company, se obtuvieron diversos documentos, entre los cuales se encontraban comunicaciones que habían tenido altos miembros de la Coferpris con directivos de la empresa.

En los correos, de los que también tiene copia Animal Político, hay un intercambio de mensajes entre funcionarios de la Coferpis y empleados de Coca-Cola, entre 2013 y 2016, en los que se habla de periciales de nutrición y medicina y de reunirse para tratar el tema de referencia, y que el Poder del Consumidor asume que era el etiquetado. También hay correos en los que sí se habla de tratar el tema de los amparos que involucran a Coca-Cola y Jugos del Valle, pero sin mencionar por qué se interpusieron. 

El Poder del Consumidor también denunció ante la SFP a funcionarios en activo de la Cofepris, pero no por conflicto de intereses, sino por no entregarles información solicitada a través del INAI, cuando este mismo ha ordenado que debe entregárseles. 

“Las denuncias contra los funcionarios actuales son por no entregar la información, no por conflicto de interés, distinguimos por completo esta administración de Cofepris -y el etiquetado actual, que sí elaboró un grupo de expertos y para el que hubo reuniones incluso con organizaciones de la sociedad civil- de la administración anterior”, aclaró Calvillo. 

“Ahora le corresponde a la Secretaría de la Función Pública hacer las investigaciones correspondientes y en todo caso aplicar las sanciones”, dijo Javier Zúñiga, coordinador jurídico del Poder del Consumidor.