El convencional valoró los avances que se han dado en la Convención Constitucional respecto de la consagración de derechos culturales. “Hay una serie de elementos que nos permiten dar un salto muy significativo”, dijo.
Sábado 2 de abril 2022 9:36 hrs.
El próximo martes será una jornada clave en materia de consagración de derechos culturales. Esto, ya que, luego de su postergación el pasado jueves, el pleno de la Convención Constitucional deberá votar un segundo informe de la Comisión número 7 sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.
En esta oportunidad, el ente redactor deberá abordar temas como los derechos de autor y la protección de quienes producen conocimiento, entre otros puntos. “Estamos en momentos de decisiones importantes”, sostuvo Ignacio Achurra, actor y convencional integrante de la Comisión número 7.
Según dijo, son varios los temas que todavía deben ser debatidos en materia cultural. Aún así, señaló que se han dado varios avances respecto de la actual Constitución e indicó que, los artículos aprobados, dan cuenta de un salto importante en términos de protección y fomento de las culturas, las artes y el conocimiento.
“Hoy tenemos una Constitución que nombra cuatro veces la palabra cultura. No tiene un catálogo de derechos culturales y tampoco da cuenta del deber del Estado en el fomento, la protección y la garantía de estos derechos. Pero, en el pleno, ya tenemos aprobados en particular una serie de derechos culturales que van desde el derecho a la participación, el derecho a la identificación cultural con una o más comunidades, a la protección de la libertad de creación”.
“Es decir, hay una serie de elementos que nos permiten dar un salto muy significativo respecto de la protección en materia cultural, los que no solo hablan del derecho al acceso, a la cultura, las artes, los patrimonios, al disfrute y el goce de estos elementos, sino también a la protección de las culturas propias de las diferentes comunidades, de los diferentes pueblos que habitan el país”, añadió el convencional de Convergencia Social.
Los artículos aprobados dan cuenta de un cambio radical respecto de la consignación de derechos culturales. Bajo ese entendido, ¿es posible avanzar hacia una democracia cultural?
Creo que si. Ahí es importante hacer una precisión de orden conceptual respecto de qué hablamos cuando hablamos de democracia cultural. Hay dos conceptos que se suelen usar en esta materia: uno es democratizar la cultura, que es de algún modo lo que nosotros más hemos tenido a nivel de políticas publicas, es decir, generar mecanismos de incentivo, de apoyo, a los creadores, de manera de generar producción y obras para que la ciudadanía pueda acceder a ellos. Eso es por cierto muy importante. Pero también tenemos que agregar el factor de democracia cultural y cuando hablamos de democracia cultural hablamos de cómo las diferentes comunidades, que tienen sus propias formas de vida, sus tradiciones, pueden hacerse parte en la toma de decisiones. En ese sentido, estamos habilitando mecanismos para que las comunidades, cuando se ven afectadas sus formas de vida, su cultura, también puedan hacerse parte incidente en ese debate público.
El jueves pasado debían votarse el segundo informe de la Comisión 7, ¿por qué se postergó?
Se postergó porque la discusión anterior que estaba en el pleno sobre derechos fundamentales no se pudo resolver en una sola jornada y tuvo que seguir en una jornada extra. Ahí hay una razón de orden técnico y política. Lamentablemente, hay un sector de la derecha que, a través de diferentes estrategias, ha intentado de entorpecer el proceso. Entonces, envían cientos de indicaciones que son reiterativas y que nos obligan a votar hasta altas horas de la madrugada, dilatando el proceso. Eso se va a corregir a través de un mecanismo, pero esa es la razón que impidió que votáramos el segundo informe, que entiendo debiéramos estar en condiciones de votar el próximo martes.
En ese informe hay un artículo sobre los derechos de autor. ¿Por qué hoy es importante aprobar esta propuesta?
La consagración de los derechos de autor tienen una larga data en la historia constitucional chilena y en general en Iberoamérica. Los derechos de autor se circunscriben dentro de lo que pudiéramos entender como la propiedad intelectual y, en Chile, son un mecanismo de sobrevivencia clave para los creadores, para los artistas. Sin embargo, los derechos de autor, como toda propiedad, también tienen un limite. Ese límite hoy en la Constitución vigente es lo que se llama la función social, que es el limite que tiene la propiedad en todas sus especies. Nosotros creemos que en el actual escenario y, con los nuevos derechos que se están consagrando, es importante entender los derechos de autor dentro del marco de los derechos culturales, es decir, entender que los derechos de autor también deben dialogar con el derecho a participar y disfrutar de la cultura y hemos creado, junto a organizaciones y a propósito de un largo debate en la Comisión, una propuesta de norma que consagra de manera medianamente clara, resguardando los derechos de autor que además son un incentivo para la creación, un mecanismo de ingreso y de sobrevivencia para muchos artistas, escritores, dramaturgos, músicos, actores, actrices, pero también generando un equilibrio para que la sociedad pueda acceder y disfrutar de estas creaciones.
¿Qué opinas de las declaraciones del artista Francisco Brugnoli, quien señala que esto es grave y que el Estado también tiene derecho sobre una obra?
No comparto la interpretación que hace Francisco Brugnoli, quien merece todo mi respeto (…). Será la ley, en última instancia, la que deberá definir cuándo el Estado puede definir que una obra debe ser de dominio público o que debe estar exenta de los derechos patrimoniales, porque los morales son inalienables. Eso está, precisamente, en la norma que hemos construido a lo largo de un amplio debate en la Comisión número 7 y con muchos actores de todos los sectores participando. Ahora, aquí hay visiones distintas, hay miradas que creen que los derechos de autor debieran consagrarse de manera mucho más taxativa, que esto debiera hacerse estableciendo limites mucho más frágiles a la propiedad y otros que creen que el Estado debiera tener muchas más atribuciones para definir cuando una obra es de dominio público o cuando debe ser liberada de sus derechos patrimoniales. Nosotros lo que hacemos es buscar un equilibrio, circunscribiéndonos a los acuerdos que a suscrito Chile a nivel internacional y, por lo tanto, delegarle al legislador el detalle de cuando estas obras pueden ser eximidas de sus derechos patrimoniales para estar al servicio de la sociedad en su conjunto.
¿Qué hay respecto de la dignidad de las y los trabajadores de las artes? ¿Cómo se ha avanzado en ese sentido?
Ese es un tema muy interesante que vamos a discutirlo, precisamente, a propósito del tercer y último informe de la Comisión. Nosotros creemos que los creadores, los artistas, los trabajadores de la cultura, las artes, los patrimonios, al igual que los investigadores, la gente que está en la producción de conocimientos, tienen una condición especial. No es casualidad que hoy el trabajo que realizan los creadores, que tienen financiamiento, vengan de programas públicos como lo son el Fondart o el Fondecyt. Esto da cuenta de que la actividad artística, cultural e investigativa no siempre está regida bajo la racionalidad y la lógica del mercado y la pregunta aquí es si es importante que aunque no estén bajo una lógica de mercado existan y nosotros creemos que si. Es fundamental para el desarrollo humano, intelectual, científico del país que exista esta producción de conocimiento y de obra y para eso hay que darle una protección especial a quienes están permanentemente en esa labor. Entonces, ¿cómo vamos a consagrar esto en la Constitución? Ese es precisamente el debate que vamos a iniciar ahora.
Y, ¿respecto de la protección de los patrimonios? Ese es otro tema pendiente…
Hay una serie de normas que creo que son de muy buena factura y que también han formado parte de un debate muy contundente y que van a elevarse al pleno en este informe. Apuntan a la protección del patrimonio cultural y natural, el reconocimiento de su importancia y que el Estado asuma el deber, a través de acciones afirmativas, de su protección y desarrollo, garantizando no sólo la institucionalidad pública estatal, sino que también generando condiciones para que las propias comunidades puedan resguardar y desarrollar su patrimonio. Esa es una cuestión clave y que forma parte de este paradigma de la democracia cultural, en donde no solo la función pública la cumplen los organismos sino que también se empodera, a través de herramientas concretas y de derechos, a las comunidades para el desarrollo de su patrimonio.
¿Qué otros temas estarán presentes en este nuevo informe de la Comisión número 7?
Está todo lo relacionado con la protección de la producción de conocimiento, del acceso libre al disfrute y al goce del conocimiento, del progreso científico, de la libertad de investigación, la protección de datos. Hoy mucha gente dice que los datos son el oro del siglo XXI. Sabemos que el gran negocio de las corporaciones que trabajan en el mundo digital tiene que ver con la gran cantidad de datos que controlan y, en ese sentido, nos parece que una Constitución creada en el siglo XXI tiene que responder a los desafíos propios de la época y, precisamente, debe dar cuenta de la necesidad de protección y que las personas podamos ser dueñas y controlar nuestros datos (…). Hoy las diferentes aplicaciones son capaces de registrar datos de orden biométrico, de comportamiento social e individual y creemos que debemos darle una protección a esos datos, incluso, ir más allá. Nosotros estamos proponiendo la creación e una agencia de protección de datos autónoma que tenga las atribuciones de estar en un permanente proceso de investigación y monitoreo del cómo se administran los datos individuales y colectivos.
La jornada del martes es clave entonces en términos de la consagración de derechos culturales..
Así es. Seguimos avanzando en consagración de derechos culturales. Tenemos toda una patita relacionada con este catálogo de derechos, que estamos muy felices de que se haya aprobado, de los deberes propios del Estado y esperamos avanzar en la consagración de una buena norma de derechos de autor, que protege a los artistas tal como nos dijo el Tío Valentín Trujillo cuando vino a exponer a la Comisión: “No nos quieten lo poco que tenemos”. Lo derechos de autor son una cuestión de sobrevivencia para los artistas y los creadores. Esperamos que se consagren y, por cierto, vamos a iniciar la discusión respecto de cómo darle garantías de protección especial a quienes cumplen la labor de manera permanente de estar produciendo conocimiento para el servicio del país y creaciones que nos permitan el goce, el disfrute y también desarrollar nuestra capacidad reflexiva y el desarrollo humano de nuestro país.
El próximo martes será una jornada clave en materia de consagración de derechos culturales. Esto, ya que, luego de su postergación el pasado jueves, el pleno de la Convención Constitucional deberá votar un segundo informe de la Comisión número 7 sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.
En esta oportunidad, el ente redactor deberá abordar temas como los derechos de autor y la protección de quienes producen conocimiento, entre otros puntos. “Estamos en momentos de decisiones importantes”, sostuvo Ignacio Achurra, actor y convencional integrante de la Comisión número 7.
Según dijo, son varios los temas que todavía deben ser debatidos en materia cultural. Aún así, señaló que se han dado varios avances respecto de la actual Constitución e indicó que, los artículos aprobados, dan cuenta de un salto importante en términos de protección y fomento de las culturas, las artes y el conocimiento.
“Hoy tenemos una Constitución que nombra cuatro veces la palabra cultura. No tiene un catálogo de derechos culturales y tampoco da cuenta del deber del Estado en el fomento, la protección y la garantía de estos derechos. Pero, en el pleno, ya tenemos aprobados en particular una serie de derechos culturales que van desde el derecho a la participación, el derecho a la identificación cultural con una o más comunidades, a la protección de la libertad de creación”.
“Es decir, hay una serie de elementos que nos permiten dar un salto muy significativo respecto de la protección en materia cultural, los que no solo hablan del derecho al acceso, a la cultura, las artes, los patrimonios, al disfrute y el goce de estos elementos, sino también a la protección de las culturas propias de las diferentes comunidades, de los diferentes pueblos que habitan el país”, añadió el convencional de Convergencia Social.
Los artículos aprobados dan cuenta de un cambio radical respecto de la consignación de derechos culturales. Bajo ese entendido, ¿es posible avanzar hacia una democracia cultural?
Creo que si. Ahí es importante hacer una precisión de orden conceptual respecto de qué hablamos cuando hablamos de democracia cultural. Hay dos conceptos que se suelen usar en esta materia: uno es democratizar la cultura, que es de algún modo lo que nosotros más hemos tenido a nivel de políticas publicas, es decir, generar mecanismos de incentivo, de apoyo, a los creadores, de manera de generar producción y obras para que la ciudadanía pueda acceder a ellos. Eso es por cierto muy importante. Pero también tenemos que agregar el factor de democracia cultural y cuando hablamos de democracia cultural hablamos de cómo las diferentes comunidades, que tienen sus propias formas de vida, sus tradiciones, pueden hacerse parte en la toma de decisiones. En ese sentido, estamos habilitando mecanismos para que las comunidades, cuando se ven afectadas sus formas de vida, su cultura, también puedan hacerse parte incidente en ese debate público.
El jueves pasado debían votarse el segundo informe de la Comisión 7, ¿por qué se postergó?
Se postergó porque la discusión anterior que estaba en el pleno sobre derechos fundamentales no se pudo resolver en una sola jornada y tuvo que seguir en una jornada extra. Ahí hay una razón de orden técnico y política. Lamentablemente, hay un sector de la derecha que, a través de diferentes estrategias, ha intentado de entorpecer el proceso. Entonces, envían cientos de indicaciones que son reiterativas y que nos obligan a votar hasta altas horas de la madrugada, dilatando el proceso. Eso se va a corregir a través de un mecanismo, pero esa es la razón que impidió que votáramos el segundo informe, que entiendo debiéramos estar en condiciones de votar el próximo martes.
En ese informe hay un artículo sobre los derechos de autor. ¿Por qué hoy es importante aprobar esta propuesta?
La consagración de los derechos de autor tienen una larga data en la historia constitucional chilena y en general en Iberoamérica. Los derechos de autor se circunscriben dentro de lo que pudiéramos entender como la propiedad intelectual y, en Chile, son un mecanismo de sobrevivencia clave para los creadores, para los artistas. Sin embargo, los derechos de autor, como toda propiedad, también tienen un limite. Ese límite hoy en la Constitución vigente es lo que se llama la función social, que es el limite que tiene la propiedad en todas sus especies. Nosotros creemos que en el actual escenario y, con los nuevos derechos que se están consagrando, es importante entender los derechos de autor dentro del marco de los derechos culturales, es decir, entender que los derechos de autor también deben dialogar con el derecho a participar y disfrutar de la cultura y hemos creado, junto a organizaciones y a propósito de un largo debate en la Comisión, una propuesta de norma que consagra de manera medianamente clara, resguardando los derechos de autor que además son un incentivo para la creación, un mecanismo de ingreso y de sobrevivencia para muchos artistas, escritores, dramaturgos, músicos, actores, actrices, pero también generando un equilibrio para que la sociedad pueda acceder y disfrutar de estas creaciones.
¿Qué opinas de las declaraciones del artista Francisco Brugnoli, quien señala que esto es grave y que el Estado también tiene derecho sobre una obra?
No comparto la interpretación que hace Francisco Brugnoli, quien merece todo mi respeto (…). Será la ley, en última instancia, la que deberá definir cuándo el Estado puede definir que una obra debe ser de dominio público o que debe estar exenta de los derechos patrimoniales, porque los morales son inalienables. Eso está, precisamente, en la norma que hemos construido a lo largo de un amplio debate en la Comisión número 7 y con muchos actores de todos los sectores participando. Ahora, aquí hay visiones distintas, hay miradas que creen que los derechos de autor debieran consagrarse de manera mucho más taxativa, que esto debiera hacerse estableciendo limites mucho más frágiles a la propiedad y otros que creen que el Estado debiera tener muchas más atribuciones para definir cuando una obra es de dominio público o cuando debe ser liberada de sus derechos patrimoniales. Nosotros lo que hacemos es buscar un equilibrio, circunscribiéndonos a los acuerdos que a suscrito Chile a nivel internacional y, por lo tanto, delegarle al legislador el detalle de cuando estas obras pueden ser eximidas de sus derechos patrimoniales para estar al servicio de la sociedad en su conjunto.
¿Qué hay respecto de la dignidad de las y los trabajadores de las artes? ¿Cómo se ha avanzado en ese sentido?
Ese es un tema muy interesante que vamos a discutirlo, precisamente, a propósito del tercer y último informe de la Comisión. Nosotros creemos que los creadores, los artistas, los trabajadores de la cultura, las artes, los patrimonios, al igual que los investigadores, la gente que está en la producción de conocimientos, tienen una condición especial. No es casualidad que hoy el trabajo que realizan los creadores, que tienen financiamiento, vengan de programas públicos como lo son el Fondart o el Fondecyt. Esto da cuenta de que la actividad artística, cultural e investigativa no siempre está regida bajo la racionalidad y la lógica del mercado y la pregunta aquí es si es importante que aunque no estén bajo una lógica de mercado existan y nosotros creemos que si. Es fundamental para el desarrollo humano, intelectual, científico del país que exista esta producción de conocimiento y de obra y para eso hay que darle una protección especial a quienes están permanentemente en esa labor. Entonces, ¿cómo vamos a consagrar esto en la Constitución? Ese es precisamente el debate que vamos a iniciar ahora.
Y, ¿respecto de la protección de los patrimonios? Ese es otro tema pendiente…
Hay una serie de normas que creo que son de muy buena factura y que también han formado parte de un debate muy contundente y que van a elevarse al pleno en este informe. Apuntan a la protección del patrimonio cultural y natural, el reconocimiento de su importancia y que el Estado asuma el deber, a través de acciones afirmativas, de su protección y desarrollo, garantizando no sólo la institucionalidad pública estatal, sino que también generando condiciones para que las propias comunidades puedan resguardar y desarrollar su patrimonio. Esa es una cuestión clave y que forma parte de este paradigma de la democracia cultural, en donde no solo la función pública la cumplen los organismos sino que también se empodera, a través de herramientas concretas y de derechos, a las comunidades para el desarrollo de su patrimonio.
¿Qué otros temas estarán presentes en este nuevo informe de la Comisión número 7?
Está todo lo relacionado con la protección de la producción de conocimiento, del acceso libre al disfrute y al goce del conocimiento, del progreso científico, de la libertad de investigación, la protección de datos. Hoy mucha gente dice que los datos son el oro del siglo XXI. Sabemos que el gran negocio de las corporaciones que trabajan en el mundo digital tiene que ver con la gran cantidad de datos que controlan y, en ese sentido, nos parece que una Constitución creada en el siglo XXI tiene que responder a los desafíos propios de la época y, precisamente, debe dar cuenta de la necesidad de protección y que las personas podamos ser dueñas y controlar nuestros datos (…). Hoy las diferentes aplicaciones son capaces de registrar datos de orden biométrico, de comportamiento social e individual y creemos que debemos darle una protección a esos datos, incluso, ir más allá. Nosotros estamos proponiendo la creación e una agencia de protección de datos autónoma que tenga las atribuciones de estar en un permanente proceso de investigación y monitoreo del cómo se administran los datos individuales y colectivos.
La jornada del martes es clave entonces en términos de la consagración de derechos culturales..
Así es. Seguimos avanzando en consagración de derechos culturales. Tenemos toda una patita relacionada con este catálogo de derechos, que estamos muy felices de que se haya aprobado, de los deberes propios del Estado y esperamos avanzar en la consagración de una buena norma de derechos de autor, que protege a los artistas tal como nos dijo el Tío Valentín Trujillo cuando vino a exponer a la Comisión: “No nos quieten lo poco que tenemos”. Lo derechos de autor son una cuestión de sobrevivencia para los artistas y los creadores. Esperamos que se consagren y, por cierto, vamos a iniciar la discusión respecto de cómo darle garantías de protección especial a quienes cumplen la labor de manera permanente de estar produciendo conocimiento para el servicio del país y creaciones que nos permitan el goce, el disfrute y también desarrollar nuestra capacidad reflexiva y el desarrollo humano de nuestro país.
El próximo martes será una jornada clave en materia de consagración de derechos culturales. Esto, ya que, luego de su postergación el pasado jueves, el pleno de la Convención Constitucional deberá votar un segundo informe de la Comisión número 7 sobre Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.
En esta oportunidad, el ente redactor deberá abordar temas como los derechos de autor y la protección de quienes producen conocimiento, entre otros puntos. “Estamos en momentos de decisiones importantes”, sostuvo Ignacio Achurra, actor y convencional integrante de la Comisión número 7.
Según dijo, son varios los temas que todavía deben ser debatidos en materia cultural. Aún así, señaló que se han dado varios avances respecto de la actual Constitución e indicó que, los artículos aprobados, dan cuenta de un salto importante en términos de protección y fomento de las culturas, las artes y el conocimiento.
“Hoy tenemos una Constitución que nombra cuatro veces la palabra cultura. No tiene un catálogo de derechos culturales y tampoco da cuenta del deber del Estado en el fomento, la protección y la garantía de estos derechos. Pero, en el pleno, ya tenemos aprobados en particular una serie de derechos culturales que van desde el derecho a la participación, el derecho a la identificación cultural con una o más comunidades, a la protección de la libertad de creación”.
“Es decir, hay una serie de elementos que nos permiten dar un salto muy significativo respecto de la protección en materia cultural, los que no solo hablan del derecho al acceso, a la cultura, las artes, los patrimonios, al disfrute y el goce de estos elementos, sino también a la protección de las culturas propias de las diferentes comunidades, de los diferentes pueblos que habitan el país”, añadió el convencional de Convergencia Social.
Los artículos aprobados dan cuenta de un cambio radical respecto de la consignación de derechos culturales. Bajo ese entendido, ¿es posible avanzar hacia una democracia cultural?
Creo que si. Ahí es importante hacer una precisión de orden conceptual respecto de qué hablamos cuando hablamos de democracia cultural. Hay dos conceptos que se suelen usar en esta materia: uno es democratizar la cultura, que es de algún modo lo que nosotros más hemos tenido a nivel de políticas publicas, es decir, generar mecanismos de incentivo, de apoyo, a los creadores, de manera de generar producción y obras para que la ciudadanía pueda acceder a ellos. Eso es por cierto muy importante. Pero también tenemos que agregar el factor de democracia cultural y cuando hablamos de democracia cultural hablamos de cómo las diferentes comunidades, que tienen sus propias formas de vida, sus tradiciones, pueden hacerse parte en la toma de decisiones. En ese sentido, estamos habilitando mecanismos para que las comunidades, cuando se ven afectadas sus formas de vida, su cultura, también puedan hacerse parte incidente en ese debate público.
El jueves pasado debían votarse el segundo informe de la Comisión 7, ¿por qué se postergó?
Se postergó porque la discusión anterior que estaba en el pleno sobre derechos fundamentales no se pudo resolver en una sola jornada y tuvo que seguir en una jornada extra. Ahí hay una razón de orden técnico y política. Lamentablemente, hay un sector de la derecha que, a través de diferentes estrategias, ha intentado de entorpecer el proceso. Entonces, envían cientos de indicaciones que son reiterativas y que nos obligan a votar hasta altas horas de la madrugada, dilatando el proceso. Eso se va a corregir a través de un mecanismo, pero esa es la razón que impidió que votáramos el segundo informe, que entiendo debiéramos estar en condiciones de votar el próximo martes.
En ese informe hay un artículo sobre los derechos de autor. ¿Por qué hoy es importante aprobar esta propuesta?
La consagración de los derechos de autor tienen una larga data en la historia constitucional chilena y en general en Iberoamérica. Los derechos de autor se circunscriben dentro de lo que pudiéramos entender como la propiedad intelectual y, en Chile, son un mecanismo de sobrevivencia clave para los creadores, para los artistas. Sin embargo, los derechos de autor, como toda propiedad, también tienen un limite. Ese límite hoy en la Constitución vigente es lo que se llama la función social, que es el limite que tiene la propiedad en todas sus especies. Nosotros creemos que en el actual escenario y, con los nuevos derechos que se están consagrando, es importante entender los derechos de autor dentro del marco de los derechos culturales, es decir, entender que los derechos de autor también deben dialogar con el derecho a participar y disfrutar de la cultura y hemos creado, junto a organizaciones y a propósito de un largo debate en la Comisión, una propuesta de norma que consagra de manera medianamente clara, resguardando los derechos de autor que además son un incentivo para la creación, un mecanismo de ingreso y de sobrevivencia para muchos artistas, escritores, dramaturgos, músicos, actores, actrices, pero también generando un equilibrio para que la sociedad pueda acceder y disfrutar de estas creaciones.
¿Qué opinas de las declaraciones del artista Francisco Brugnoli, quien señala que esto es grave y que el Estado también tiene derecho sobre una obra?
No comparto la interpretación que hace Francisco Brugnoli, quien merece todo mi respeto (…). Será la ley, en última instancia, la que deberá definir cuándo el Estado puede definir que una obra debe ser de dominio público o que debe estar exenta de los derechos patrimoniales, porque los morales son inalienables. Eso está, precisamente, en la norma que hemos construido a lo largo de un amplio debate en la Comisión número 7 y con muchos actores de todos los sectores participando. Ahora, aquí hay visiones distintas, hay miradas que creen que los derechos de autor debieran consagrarse de manera mucho más taxativa, que esto debiera hacerse estableciendo limites mucho más frágiles a la propiedad y otros que creen que el Estado debiera tener muchas más atribuciones para definir cuando una obra es de dominio público o cuando debe ser liberada de sus derechos patrimoniales. Nosotros lo que hacemos es buscar un equilibrio, circunscribiéndonos a los acuerdos que a suscrito Chile a nivel internacional y, por lo tanto, delegarle al legislador el detalle de cuando estas obras pueden ser eximidas de sus derechos patrimoniales para estar al servicio de la sociedad en su conjunto.
¿Qué hay respecto de la dignidad de las y los trabajadores de las artes? ¿Cómo se ha avanzado en ese sentido?
Ese es un tema muy interesante que vamos a discutirlo, precisamente, a propósito del tercer y último informe de la Comisión. Nosotros creemos que los creadores, los artistas, los trabajadores de la cultura, las artes, los patrimonios, al igual que los investigadores, la gente que está en la producción de conocimientos, tienen una condición especial. No es casualidad que hoy el trabajo que realizan los creadores, que tienen financiamiento, vengan de programas públicos como lo son el Fondart o el Fondecyt. Esto da cuenta de que la actividad artística, cultural e investigativa no siempre está regida bajo la racionalidad y la lógica del mercado y la pregunta aquí es si es importante que aunque no estén bajo una lógica de mercado existan y nosotros creemos que si. Es fundamental para el desarrollo humano, intelectual, científico del país que exista esta producción de conocimiento y de obra y para eso hay que darle una protección especial a quienes están permanentemente en esa labor. Entonces, ¿cómo vamos a consagrar esto en la Constitución? Ese es precisamente el debate que vamos a iniciar ahora.
Y, ¿respecto de la protección de los patrimonios? Ese es otro tema pendiente…
Hay una serie de normas que creo que son de muy buena factura y que también han formado parte de un debate muy contundente y que van a elevarse al pleno en este informe. Apuntan a la protección del patrimonio cultural y natural, el reconocimiento de su importancia y que el Estado asuma el deber, a través de acciones afirmativas, de su protección y desarrollo, garantizando no sólo la institucionalidad pública estatal, sino que también generando condiciones para que las propias comunidades puedan resguardar y desarrollar su patrimonio. Esa es una cuestión clave y que forma parte de este paradigma de la democracia cultural, en donde no solo la función pública la cumplen los organismos sino que también se empodera, a través de herramientas concretas y de derechos, a las comunidades para el desarrollo de su patrimonio.
¿Qué otros temas estarán presentes en este nuevo informe de la Comisión número 7?
Está todo lo relacionado con la protección de la producción de conocimiento, del acceso libre al disfrute y al goce del conocimiento, del progreso científico, de la libertad de investigación, la protección de datos. Hoy mucha gente dice que los datos son el oro del siglo XXI. Sabemos que el gran negocio de las corporaciones que trabajan en el mundo digital tiene que ver con la gran cantidad de datos que controlan y, en ese sentido, nos parece que una Constitución creada en el siglo XXI tiene que responder a los desafíos propios de la época y, precisamente, debe dar cuenta de la necesidad de protección y que las personas podamos ser dueñas y controlar nuestros datos (…). Hoy las diferentes aplicaciones son capaces de registrar datos de orden biométrico, de comportamiento social e individual y creemos que debemos darle una protección a esos datos, incluso, ir más allá. Nosotros estamos proponiendo la creación e una agencia de protección de datos autónoma que tenga las atribuciones de estar en un permanente proceso de investigación y monitoreo del cómo se administran los datos individuales y colectivos.
La jornada del martes es clave entonces en términos de la consagración de derechos culturales..
Así es. Seguimos avanzando en consagración de derechos culturales. Tenemos toda una patita relacionada con este catálogo de derechos, que estamos muy felices de que se haya aprobado, de los deberes propios del Estado y esperamos avanzar en la consagración de una buena norma de derechos de autor, que protege a los artistas tal como nos dijo el Tío Valentín Trujillo cuando vino a exponer a la Comisión: “No nos quieten lo poco que tenemos”. Lo derechos de autor son una cuestión de sobrevivencia para los artistas y los creadores. Esperamos que se consagren y, por cierto, vamos a iniciar la discusión respecto de cómo darle garantías de protección especial a quienes cumplen la labor de manera permanente de estar produciendo conocimiento para el servicio del país y creaciones que nos permitan el goce, el disfrute y también desarrollar nuestra capacidad reflexiva y el desarrollo humano de nuestro país.
