El Estado ecuatoriano habría sufrido un perjuicio de al menos $ 4.771,6 millones en la venta de crudo y derivados a empresas asiáticas (Petrochina, Unipec y Petrotailandia), entre 2009 y 2021. El perjuicio viene por la fórmula establecida para el cálculo del precio que fue en promedio unos $ 3,6 menos por barril que el precio de mercado. Y se habría dado, además, en medio de una trama de supuestas ilegalidades que van desde incumplimientos de contratos, violaciones de la ley, hasta pago de sobornos.
Así se puede constatar en el último informe de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sobre el caso, denominado Petrochina: deuda pública y comercialización de petróleo, que investigó estos procesos, el cual será conocido este miércoles 30 de marzo del 2022 en el seno del ente legislativo a partir de las 09:30. La sesión se realizará en el Salón de Expresidentes.
El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (independiente), explicó que este informe aborda uno de los casos de corrupción más grandes que ha vivido el país, tanto por el monto de los perjuicios como por la cantidad de pruebas, que incluso servirán para investigaciones posteriores, de la Fiscalía ecuatoriana, de la de Perú y de Nueva York en Estados Unidos.
En el informe, que será leído y votado por los asambleístas, salen a relucir los nombres de los funcionarios del correato que participaron en la estructuración de estas operaciones. Desde el expresidente Rafael Correa, quien a través del Decreto 466 permitió este tipo de operaciones; hasta sus funcionarios: Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional, quien firmó la mayor parte de los contratos y que ahora tiene una glosa de $ 87 millones; Rafael Poveda, exministro coordinador de Sectores Estratégicos. También Marco Calvopiña, Carlos Pareja Yannuzzelli, Pedro Merizalde, entre otros.
Pero también constan nombres de empresarios y lobistas que, tras las investigaciones de los papeles de Panamá y de la propia justicia de Estados Unidos, se conoce ahora, habrían participado en prácticas irregulares como las de recibir comisiones y entregar sobornos por contratos. Entre ellos se recuerda que Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar habrían recibieron comisiones de $ 1 por cada barril de crudo vendido a Petrochina, bajo el primer contrato de preventa de crudo (2009-433), por “ayudar” en la negociación. También están referencias que constan en los juicios de EE. UU. sobre Raymond Kohut, de Gunvor, y Javier Aguilar, de Vitol. Kohut ha reconocido haber entregado $ 70 millones en sobornos para conseguir contratos con las empresas asiáticas. Javier Aguilar, exejecutivo de la multinacional Vitol Inc., aceptó que pagó sobornos a funcionarios de Petroecuador para obtener un contrato de $ 300 millones para comprar fuel oil 6.
El informe hace una completa reseña de lo sucedido desde el 2009, cuando con el discurso del presidente Rafael Correa de potenciar alianzas estratégicas con Gobiernos amigos, como Venezuela, Uruguay, China y Tailandia, se aseguró que se iba a eliminar la intermediación del crudo. Sin embargo, fueron justamente estos contratos los que generaron un mercado apetecible para los intermediarios. Por ejemplo, “la uruguaya Ancap tomó el crudo ecuatoriano y se lo entregó a Trafigura para su reventa; PDVSA, de Venezuela, hizo una triangulación con el crudo que recibió de Petroecuador y se lo entregó a Glencore y Trafigura para su venta; con China y Tailandia no solo que hubo intermediación petrolera, sino también financiera. China y Tailandia recibieron el crudo ecuatoriano y lo entregaron a las intermediarias y a cuatro bancos europeos”.
En la escena aparece Gunvor, que a través de esos bancos “ayudó a obtener financiamiento por aproximadamente $ 5.400 millones en préstamos respaldados con petróleo”, con miras a “obtener y retener” negocios en Petroecuador. Parte de ese financiamiento se habría desviado a gasto permanente, lo cual está reñido con la ley y las reglas macrofiscales.
El informe recomienda que se remita este documento a la Fiscalía General del Estado, para que en el ámbito de su competencia investigue el presunto cometimiento de delitos, esto tomando en cuenta que ya existe una indagación previa sobre el tema. También se le sugiere requerir las declaraciones y evidencias del caso Kohut y Aguilar en la corte de Nueva York. Y que solicite la información de Fincen respecto del pago de $ 10,2 millones de Core Petroleum a la empresa Faigate Traiding Corp., de Enrique Cadena Marín. También se sugiere, a través del informe, que el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) analicen las declaraciones tributarias y perfiles de todos los funcionarios, exfuncionarios, empresas privadas y ciudadanos relacionados.
Además se recomienda que se ponga en conocimiento de la Fiscalía de Perú el informe y que la Contraloría inicie un examen especial integral a todos los contratos suscritos por las consultoras Hogan & Lovells (Hogan & Harson) y Artur D. ́Little entre el año 2006 y la presente fecha. El informe se pondrá en conocimiento del presidente de la República.
Villavicencio consideró que existe una alta posibilidad de contar con los votos necesarios, dentro de la Comisión, para que el documento sea aprobado. Pero en el caso no consentido de que no los hubiera, el informe igualmente será puesto en conocimiento de las autoridades nacionales e internacionales.
Intervención de Arthur D’ Little perjudicó al Estado
Entre julio y diciembre de 2014 se aplicó una nueva fórmula en los contratos de largo plazo que generó un valor más bajo en perjuicio del Estado ecuatoriano. Este cambio fue diseñado por la firma estadounidense Arthur D ́ Little y consistía en seguir tomando como referencia el precio WTI, pero no el valor del día en que Petroecuador entregaba el crudo, sino el valor de dos semanas después, a medida que el valor del barril bajaba, se reducían los ingresos para el país. Fue Nilsen Arias, el entonces gerente de Comercio Internacional, quien firmó las enmiendas en los contratos que permitieron el cambio de las fórmulas. Por este cambio de fórmula Petroecuador dejó de percibir $ 47, 9 millones.
El caso de William Sudhaus y Castor
La filtración de documentos de la agencia para el combate de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Fincen Files, por sus siglas en inglés), obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, reveló que Enrique Cadena tenía nexos comerciales con Core Petroleum LLC. A través de su empresa Fairgate Trading Corp., Cadena habría recibido $10,2 millones de Core Petroleum LLC, a través de 11 transacciones reportadas como sospechosas. El informe contiene anexa comunicaciones entre Cadena Marín y los ejecutivos de Taurus Petroleum, Core Petroleum, Ursa Shipping y Castor Petroleum, que dan cuenta de la existencia de relaciones comerciales con las intermediarias en torno a la reventa del crudo ecuatoriano. Estos ponen en escena al estadounidense William Sudhaus, detrás de los negocios del Grupo Castor Petroleum.
Destino de los embarques no fue respetado
En el informe de la Comisión se indica que China violó el primer contrato (2009-433) suscrito con Petroecuador para la entrega de 69,1 millones de barriles de crudo a cambio de $ 1.000 millones. La cláusula Séptima, “Destino”, estableció que el destino del crudo no debía afectar el mercado natural de Petroecuador en la Costa Americana del Pacífico Sur. Sin embargo, China hizo caso omiso y revendió el petróleo ecuatoriano en Perú, a través de las intermediarias Castor Petroleum y Taurus Petroleum. A partir del segundo contrato, se estableció que el destino del crudo sería libre, es decir, el que eligiese el comprador. Con esta cláusula Petroecuador vulneró su propia normativa. (I)
