El acuerdo de Punto Final representó un desafío para la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres), entidad que tuvo que convencer a las EPS e IPS de sumarse al plan de saneamiento. Jorge Gutiérrez, su director, explica los pormenores de la estrategia.
¿Qué recursos se estimaron para sanear la deuda?
Es de aclarar que en muchos años las EPS e IPS no se habían puesto de acuerdo respecto a las deudas. Más o menos, en el acuerdo de Punto Final había algo parecido, cuando se iba a diseñar la política, se tenían los datos siguientes: $1,9 billones por procesos radicados, y $4,7 billones por aquellos sin radicar, más $700.000 millones de glosa transversal y la deuda por Caprecom.
Esto dejó como resultado $7,3 billones, previstos en el Plan Nacional de Desarrollo. Partimos de esa cifra, en el desarrollo del Acuerdo Final. Estos $7,3 billones se destinaron para los recursos adicionales que no tenía el sistema, el Gobierno definió que tendría dos tipos de recursos: una parte para cubrir lo viejo, y otra para las deudas un poco más recientes.
(Vea: Tecnología para democratizar los modelos de salud en las regiones).
¿Cuál es el balance de cumplimiento?
El cumplimiento es del 84%, y queda por pagar 1,1 billones de pesos.
Por otro lado, nosotros tenemos con la Presidencia de la República, unas metas intermedias a mayo como completar los $6,4 billones de pesos, es decir, haber pagado $300 mil millones más, aproximadamente. En este mes, ya estamos pagando gran parte de esa plata. Eso quiere decir que estaremos anticipados a la meta de mayo y los otros $800 mil millones, los pensamos cubrir al 31 de julio. La meta del acuerdo de punto final, ya es una meta de ejecución y de tránsito.
¿Cuántas cuentas ha recibido la Adres?
Nosotros hemos recibido cuentas para procesar por $13,5 billones, incluyendo las que se habían pagado con presupuesto de la Adres y con los recursos nacionales que nos colocó Hacienda, por $7,3 billones.
De esas, hemos auditado $12,9 billones, es decir el 96% de lo que ya nos han traído. Nos queda por auditar $581.000 millones.
Hemos glosado $3,3 billones. De ahí van a salir los $800 mil millones y de los $581 mil millones que quedan por auditar.
¿Cuál es el impacto del saneamiento en las EPS?
A esto hay que darle un contexto también de lo sucedido en pandemia. El aseguramiento en salud se mantuvo, mediante los mecanismos desarrollados en la emergencia sanitaria.
A las EPS se les siguió pagando la prima por todos los colombianos, y eso lo estamos haciendo con cerca de $2 billones, a lo largo de la emergencia sanitaria.
A su vez, se generaron dos situaciones: se mantuvieron los gastos de aseguramiento antes de los picos, y también en el aumento de demanda por los contagios. Además, el Gobierno reconoció las canastas covid-19 que fueron $2,5 billones.
(Vea: Acuerdo de Punto Final avanza en un 84% de gestión).
¿O sea las EPS no perdieron en pandemia?
En el sector, se mantuvieron los ingresos, bajó un poco la demanda en el 2020, sí hubo unos picos por pandemia, pero se reconocieron mediante las canastas covid-19 y otros mecanismos.
Además, se pagó esto que se estaba debiendo anteriormente. Esto quiere decir que se contribuyó al flujo de caja. Y respecto al Acuerdo de Punto Final, las cuentas que recibíamos podían venir con pagos ya hechos a los proveedores con el sello de cancelado.
Entonces nosotros le girábamos esos recursos a las EPS, por lo que estas recibían pagos que ya habían cancelado en años anteriores. En ese sentido, contribuimos al flujo de recursos con cerca de $1 billón que se giraron directamente a las EPS.
¿Cómo fue el proceso de convencer a las EPS de asumir el proceso de saneamiento?
Había una desconfianza impresionante que venía de una transición de cuando se pasó del Fosyga a la Adres. Se hablaba de que el Gobierno no iba a pagar lo que estaba por fuera del Plan Básico de Salud. Es decir que la plata que había ahí se iba a embolatar.
Muchas EPS se habían ido por la vía judicial, demandando al Estado. Más o menos, lo que nosotros tenemos inventariado es que habían $2,3 billones en demandas judiciales al Estado.
(Vea: Compensar y su balance general de la gestión del 2021).
¿Cómo lo lograron?
Entonces lo que hicimos fueron giros previos por cerca de $5,1 billones, que fueron legalizados con las auditorías, y maratónicamente en julio del año 2020, empezamos a hacer la auditoría de casi $14 billones. Eso es una cantidad impresionante de facturas. Además, nosotros hemos brindado confianza en el proceso, a través de mesas técnicas. Nos estamos sentando con los actores mostrarles los resultados detallados.
¿Cómo se refleja esto en la atención al usuario?
Indudablemente cualquier mecanismo que incluya los hechos económicos que generan una deuda, garantiza que se acaban las excusas de no atención y ya es un tema de trámites.
¿Cómo garantizar que esto no se repita?
Antes del Plan Nacional de Desarrollo, existían recobros por todos aquellos trámites y medicamentos, por fuera del Plan Básico de Salud, que las EPS le prestaban a la Nación y después los traían al Fosyga o a la Adres para obtener su pago.
Luego, en el 2020, se establecen presupuestos máximos, calculando el costo mensual de los recobros, lo que dio como resultado $740 mil millones, que se empezaron a pagar mensualmente.
Para enero del año 2022, se hizo un PBS más grande y se aumentó la UPS, con unos recobros más pequeños. Lo que se espera es reducirlos más.
JULIANA PEÑA
Periodista Portafolio