Las patronales bancarias acordaron en febrero una serie de medidas encaminadas a mejorar la atención en la prestación de servicios financieros a sus clientes jubilados o con discapacidad, como la ampliación del horario presencial en sus oficinas. Y todo ello después de que el pensionista Carlos San Juan lograra reunirse con la ministra de Economía, Nadia Calviño. Pero esta campaña no ha sido, ni es, la única. Y bien lo saben los integrantes del Col·lectiu de Pensionistes d’Alzira. Su portavoz, Raúl Ferrer, declara respecto a estas reivindicaciones que: «Se han hecho muchas campañas de ese tipo. Es cuestión de colectividad, no de una persona sola. Ya habían más de 300 plataformas de pensionistas en España que trabajábamos en una campaña alrededor de este tema por toda la geografía española», indica a Levante-EMV.
Junto con la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de las Pensiones -COESPE- los miembros del colectivo alzireño se desplazan cada lunes a las 11 de la mañana hasta las puertas del Ayuntamiento de Alzira, donde se manifiestan. Exigen una atención justa por parte de los bancos, de los que Ferrer destaca que: «Han sido rescatados con dinero público y no han devuelto ni un solo euro. Dinero que es nuestro, de la hucha de las pensiones. Y encima cada vez el trato personal es más ausente, y si quieres cita personal pídela online. Es irresponsable e inhumano», protesta. Del dinero que el gobierno tenía destinado para la paga de pensiones, Ferrer sostiene que: «Se gastaron 80.000 millones de euros para el rescate y ahora tienen la poca vergüenza de decir que las pensiones no son sustentables».
La pandemia como excusa
La plataforma de COESPE aglutina a más de 9 millones de pensionistas que salen a la calle para exigir a todas las administraciones -no solo los bancos- que dejen de usar la pandemia como pretexto para no atenderles: «En Alzira, los días 10 y 26 de cada mes, que son los días habituales de cobro, hacemos una campaña informativa cuando la gente está haciendo cola en la calle», indica Ferrer. Todas las plataformas de pensionistas plantean en sus respectivos ayuntamientos y mancomunidades, mociones para que las entidades faciliten las consultas presenciales a la gente mayor: «El Ayuntamiento de Alzira aprobó nuestra moción por unanimidad, el pasado 23 de febrero, en la que pedíamos el regreso del trato personalizado, entre otras cosas», añade.
En España han desaparecido cerca de 22.000 oficinas bancarias, 3.000 de ellas en la Comunitat Valenciana. En muchos pueblos pequeños, habitados en gran parte por gente mayor, se ven en dificultades para resolver gestiones bancarias por la falta de oficinas. Más de 20.000 trabajadores bancarios sufrieron un ERE: «Ésos que no se solidarizaron con nosotros en su momento y ahora piden que seamos solidarios con ellos. Les avisamos en su momento, ‘ojo como nos tratáis que no tenéis el puesto asegurado de por vida’. Y así ha ocurrido, lamentablemente para ellos», relata Ferrer.
Ser pensionista
Por su parte, Amelia Blanquer, la secretaria del colectivo de pensionistas alzireños, remarca la necesidad de salir a la calle en la defensa de los derechos: «Salimos a luchar por los que vienen detrás, los jóvenes. La lucha no es solo para los pensionistas, es para todos», indica. La imagen que se tiene de la figura del pensionista es, a juicio de Ferrer y Blanquer, errónea: «No es lo mismo ser pensionista que jubilado», indican al unísono. «Alguien con una minusvalía puede ser pensionista, y son muchos más que los jubilados», aclara Blanquer. Por su parte, Ferrer añade: «Nuestro lema global es que ‘Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden’ de ahí que nos involucremos en una infinidad de luchas. Por una sociedad igualitaria para todos, democrática», comenta. «La lucha es para todos», remarca Blanquer.
El colectivo alzireño, además, hace especial hincapié en el hartazgo que sienten todos los pensionistas españoles cuando el banco cobra comisiones por el mantenimiento de las cuentas corrientes: «Nos cobran entre 70 y 250 euros al año solo por el hecho de cobrar nuestra pensión. Es un robo a mano armada», se lamenta Raúl Ferrer. Desde el año 2014, una directiva europea garantiza el derecho de acceso de cualquier persona a una cuenta de pago básica, un producto que desde entonces las entidades financieras están obligadas a ofrecer sin condicionar su contratación a la suscripción de otros servicios y, además, a darlas a conocer e informar sobre ellas a sus clientes. Ese tipo de cuenta puede llegar a estar exenta del pago de cualquier comisión, aunque la norma europea indica que el banco puede cobrar hasta 3 euros al mes por su funcionamiento. Al respecto, Ferrer apostilla que: «Los bancos ni siquiera publicitan este tipo de cuentas. De partida cobran las comisiones de una cuenta bancaria normal y nos chantajean con contratar otros productos para rebajar la cuantía de las comisiones. Tienen la cara muy dura, es de impresentables», reprocha, indicando además que: «En este momento, estamos realizando una campaña por este tema en toda España, por medio de las 300 plataformas y otras asociaciones adheridas», remarca. COESPE exige que sean los Servicios Sociales quienes informen, a las personas con pocos recursos, de que tienen derecho a esa cuenta básica, y que les informen de cómo contratarla.
Entre 70 y 250 euros al año de comisiones por cobrar la pensión
Los afectados muestran su hartazgo pese a que la UE impone las cuentas de pago sin obligaciones
Òscar Martínez. Alzira
