La decisión de hacer la Ley, como regalo de cumpleaños a Giammattei, para la Protección de la Vida y la Familia, tiene docenas de razones para ser señalada como un documento irracional decidido por personas notorias por su incapacidad mental y su fanatismo religioso de una fe pseudocristiana, por ser en realidad un simple paso previo para hacer de Guatemala una república confesional, en un retroceso de casi 150 años. Me referiré hoy a un aspecto específico: la cobarde bofetada contra la totalidad de mujeres, solas, esforzadas educadoras obligadas de sus hijos cuando no tienen esposo o compañero de vida a causa de viudez, enfermedad, divorcio, emigración y otras causas. Hoy la familia, tristemente, ya no solo la integran un hombre, la mujer y los hijos.
Según los moralineros del gobierno —quienes merecen tal término por su moral falsa o superficial— tampoco es familia la encabezada por un viudo, abuelos, tíos, y hasta quienes adoptan niños. Todos nosotros conocemos de casos como estos, pero sobre todo de mujeres solitarias abandonadas por el destino y la violencia criminal. Este imperdonable insulto es el resultado de la aplicación de criterios religiosos, por ello ajenos a los del Derecho Civil y su esencial calidad de laico, lo cual no significa antirreligioso. Este no castiga pecados, o sea la ruptura voluntaria de preceptos de fe, sino delitos o crímenes, consistentes en una ruptura parecida, pero de las leyes humanas.
Otra aberración absurda de esta es su posición sobre el aborto. Aclaro: lo creo un asesinato cuando es voluntario, porque la vida empieza al momento de la concepción, pero este es un criterio ético y moral propio, compartido o no por otras personas. El aborto tiene varios motivos, de los cuales el más punible es el realizado para tapar una irresponsabilidad. Constituye una tragedia dolorosa cuando la vida de la madre está en peligro, sobre todo si ya tiene hijos, y hay motivos médicos para considerarlo mortal, o cuando la madre pierde a su hijo por causas naturales. Éticamente es un mal menor entre dos. Cuando hay una violación de por medio, la decisión debe ser derecho de la víctima. No por eso tiene validez la frase “es mi cuerpo y dispongo”, ahora de moda.
Otra parte de ese bofetón del oficialismo confesional y de los diputados seguidores de las órdenes del ahora “dizque pastor evangélico” Giammattei, son las condenas de hasta diez años de cárcel por abortos no provocados; cuatro años por abortos culposos (no intencionales) y 24 años para los médicos cuando actúan con el consentimiento de la mujer, aunque este sea porque la ciencia señala los riesgos mortales para ella. En cuanto al matrimonio homosexual, el asunto —creo— se soluciona al crear una figura legal con base en una palabra distinta, porque matrimonio viene de madre (como patrimonio viene de padre). Homosexuales y lesbianas tienen derechos en un Estado laico, pero tal vez no en los confesionales. Ese otro tema difícil, señalado hoy solo como ejemplo.
En nuestra historia Estrada Cabrera y Ubico, ambos dictadores, hacían fiesta nacional por sus cumpleaños. Giammattei avanza en ese camino. Quienes ven inspiración divina en esta ley, deben pensar si, al revés, el Señor está guiando a quienes engendraron esta ley. Además innecesaria, porque su tema ya está incluido en la Constitución. Hace tres años el Congreso debió abolir una ley hecha para sacar de la cárcel a todos los mareros encarcelados, y hoy la recién estrenada presidenta del confesional Congreso, sugerir a su “pontífice” vetar la ley, aunque sea el producto de las veleidades religiosas de él. Los guatemaltecos merecemos una declaración conjunta de las religiones cristianas serias y por eso la sugiero inmediatamente, con claridad, severidad y a la cabeza.
