La Consejería Jurídica y la Secretaría de Hacienda del gobierno de Baja California denunciaron penalmente a exfuncionarios del exgobernador Jaime Bonilla por supuestos daños al erario relacionados con los 12,000 millones de pesos del contrato firmado con la empresa Next Energy de México para la construcción de una planta fotovoltaica.
El contrato es “totalmente desventajoso” para las finanzas públicas de Baja California, afirmó Marco Antonio Moreno Mexia, secretario de Hacienda de la entidad.
Según el funcionario de la administración de la gobernadora Marina del Pilar, el documento está mal planteado desde la perspectiva jurídica, administrativa y es inviable dadas las condiciones financieras que imperan en la entidad.
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Morena Mexia hizo énfasis en que, en el terreno donde se supondría que Next Energy construiría la planta fotovoltaica, no se registra ningún avance físico de la obra.
“Además de que el proyecto tampoco tiene avances financieros, por lo que se trata de recurso público invertido en un proyecto que, así como se ha desarrollado, tiene un nulo beneficio para las y los bajacalifornianos”.
Hasta el momento, Next Energy de México, una empresa dirigida por Eugenio Javier Maíz Domene, no ha logrado acreditar que efectivamente haya realizado la construcción de la central solar, aun cuando la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda acudió a poner la primera de la obra.
El contrato hecho por el gobierno de Jaime Bonilla arriesga el 19.5% o de las participaciones federales del estado para un fideicomiso destinado a garantizar el pago del Gobierno de Baja California, y puso como ejemplo lo sucedido en febrero pasado, cuando el Fideicomiso Afirme retuvo más de 123 millones de pesos por este acuerdo establecido desde hace un par de años, precisó el secretario de Hacienda.
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El 9 de octubre de 2020, el Comité Interinstitucional de Energía del Gobierno del Estado de Baja California (CIE) determinó que Next Energy de México sería la empresa encargada de construir la planta fotovoltaica, con el objetivo de dar servicio eléctrico al estado.
“La empresa ganadora (de la licitación LPN-CIE-001-2020) fue Next Energy de México, cuyos beneficios serán para el estado”, informó en su momento Rodolfo Castro Valdez, exsecretario de Hacienda y presidente del CIE.
El exfuncionario del gobierno de Baja California dijo que la planta fotovoltaica de Next Energy de México abatiría el déficit de energía que se tiene en la entidad, entre ellos, la generación y el suministro por 385 megawatts.
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El extitular de Hacienda del estado estimó que planta fotovoltaica tendrá una producción de energía eléctrica para dotar al Acueducto Río Colorado – Tijuana y a las oficinas del Gobierno del Estado durante los próximos 30 años, y permitirá un ahorro de recursos por 3,700 millones de pesos.
“Se garantiza la soberanía en materia de energía, se ha explicado mucho el tema de que Baja California está en una isla energética y la forma en que estamos enfrentando este tema es poder contar con energía para los próximos años”, comentó en su momento Rodolfo Castro Valdez.
El 24 de agosto de 2021, Forbes México informó que Next Energy de México, una empresa dirigida por Eugenio Javier Maíz Domene, invertiría 14,096 millones de pesos en la construcción de la Central Solar BC en Mexicali, la cual encenderá todos los días el Acueducto Río Colorado-Tijuana y las oficinas de las dependencias del gobierno de Baja California.
“La Central Solar BC —propiedad de Next Energy de México— generará energía renovable y limpia para cubrir el consumo del Acueducto Río Colorado-Tijuana (ARCT) y las dependencias estatales del gobierno del Estado de Baja California”, dice proyecto de construcción de la empresa presidida por el hijo de José Sebastián Maiz García, exdueño de los Sultanes de Monterrey.
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El 14 de octubre de 2021, Forbes México publicó que la Fiscalía General de la República (FGR) recibió una denuncia penal en contra de los integrantes del Comité Interinstitucional de Energía de Baja California por abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias en la entrega del contrato a la empresa Next Energy de México para la construcción de la planta fotovoltaica.
“Se acude a interponer una denuncia en contra de los integrantes del Comité Interinstitucional de Energía del Estado de Baja California, integrada por Rodolfo Castro Valdez, Salomón Faz Apodada, Karen Postlethwaite Montijo, Marco Octavio Hilton Reyes y Miriam Lizbeth Álvarez Martínez, por abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias”, indicó Iván Bautista Gómez, director general de la Red Ciudadana para el Aprovechamiento del Agua y las Energías Renovables.
Marco Antonio Moreno Mexia, secretario de Baja California, manifestó que la no construida planta fotovoltaica de Next Energy “representa un riesgo extremo para el financiamiento futuro del Estado”, ya que incluso pretendía captar recursos de los organismos operadores del agua que operan en la entidad.
El consejero jurídico estatal, Juan José Pon agregó que se presentó una demanda de lesividad con el enfoque de cancelar las entregas al fideicomiso, consiguiendo ya una suspensión de dicha obligación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se trata, dijeron ambos funcionarios, de una serie de acciones legales para contener el efecto del contrato de manera definitiva.
Se presentó un recurso de responsabilidad administrativa contra exfuncionarios, además de una denuncia penal en contra de quienes actuaron de manera indebida, bajo la premisa de que las acciones ejecutadas entre 2020 y 2021 colocan a la entidad bajo un riesgo financiero elevado.
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Moreno Mexia informó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, instruyó que se tomaran las decisiones que fueran necesarias para que la administración no esté obligada a hacer un pago por una inversión que Next Energy no ha hecho, y así lo evidencian recorridos hechos tanto en la zona donde no hay construcción como al supuesto domicilio de la compañía, que se trata de una vivienda particular.
Pon agregó que, de acuerdo a especialistas, el contrato de la administración anterior con Next Energy no se ajusta a las condiciones actuales, debido a que el costo es de un 200% mayor al costo en el mercado. Además, explicó que un acuerdo a 30 años no es viable ya que, debido a la renovación tecnológica, muchos de los dispositivos de la planta terminarán por ser obsoletos, arriesgando el suministro de energía eléctrica.
El secretario y el consejero coincidieron en que no se trata de cancelar una inversión afectando a la sociedad, sino más bien de proteger las finanzas públicas para destinar los recursos a acciones sustantivas que son prioridad para el gobierno que encabeza María del Pilar Ávila Olmeda, además subrayaron que no se dará espacio a ningún acto de corrupción.
