Argentina se había garantizado el mes pasado el voto positivo de Rusia y China, luego de la gira que Alberto Fernández había concretado a ambos países. Había incluso cierta satisfacción, ya que se esperaba que en el momento en que se trate el caso local de manera final (para aprobar o rechazar el Facilidades Extendidas) hubiera desde los dos estados visitados por el presidente argentino una defensa abierta hacia la Argentina y una crítica fuerte y directa contra el funcionamiento habitual del organismo. Esto pese al reconocimiento de que entre Rusia y China detentan sólo el 6,4% del total de los votos en el board, divididos en un 3,7% China y un 2,7% Rusia.
El peso específico conjunto es simbólico y no alcanza para aprobar ningún acuerdo, pero se consideraba hasta antes de la invasión a Ucrania que se podría confiar en el momento del tratamiento del caso argentino en que hubiera defensas rusas (y chinas) a la posición crítica argentina. Esto hubiera servido simbólicamente para contrarrestar las seguras embestidas contra el país y el manejo de su economía que preparaban Japón, Holanda y otros estados que tradicionalmente están enojados contra la falta de prolijidad y previsibilidad de las cuentas públicas nacionales. Este apoyo ahora ingresa en crisis, dado que no se sabe qué tipo de decisión tomará el propio FMI con Rusia y su participación en el directorio del organismo, en el caso de que las sanciones internacionales contra Putin se generalicen y eventualmente alcancen su participación como protagonista en los organismos financieros internacionales.
La posible ausencia de Rusia en la votación final no cambia en realidad las posibilidades de éxito de la Argentina en el directorio del Fondo. Según los cálculos oficiales, el país tendría garantizado un apoyo global del 70% en el directorio. A ese nivel se llega con Alemania, Francia, España y otros países europeos que votarían a favor, sumando además otros estados clave que, se descarta, también avalarían a la Argentina. En este grupo se incluían a Rusia y China, sumando los países árabes (especialmente los del Golfo Pérsico, con presencia fuerte en el directorio del FMI), además de, lógicamente, toda América Latina y el África.
Se confía, además, en que se lograrían más consensos con países clave como Canadá y lo que resta de la Unión Europea, con lo que el porcentaje se elevaría a cerca del 70%. Faltaría así conseguir sólo un 10% más para el nivel imprescindible para que una propuesta transgresora para lo que mandan y dictan los estatutos del FMI pueda ser aprobada. Sólo con un mínimo del 85% de los avales se podría autorizar a que los técnicos de línea del Fondo apliquen para el país un plan de pagos por fuera de los únicos mecanismos autorizados por la carta orgánica del organismo: el stand by y el Facilidades Extendidas, ambos en todas sus variables posibles. Como lo que propone el país es una alteración de las normas, sólo una votación de más del 85% podría avalar el pedido.
Con esto, más tarde o más temprano, Alberto Fernández deberá resolver cara a cara (vía videollamada) con Joe Biden, el apoyo de Estados Unidos en el board. Este país detenta el 16,74% de las acciones, con lo cual sin este aval sería imposible que la intención de alterar (levemente) la Carta Orgánica del FMI pueda ser posible. Más teniendo en cuenta la experiencia cercana de los últimos negociadores del FMI (Alejandro Werner, Roberto Cardarelli y compañía) que, luego de firmar un stand by fuera de los estatutos, terminaron eyectados de sus cargos.
En el tema votos del board, la situación está marcada de manera clara. Cada estado soberano tiene un porcentaje de votos dependiendo de su PBI, reservas y aportes directos al funcionamiento del organismo con sede en Washington. Cualquier acuerdo normal (stand by o Facilidades Extendidas) es aprobado con un porcentaje mínimo del 70%, pero se necesita mayoría del 85% para planes especiales o alteraciones de la Carta Orgánica. Recientemente esta mayoría fue la necesaria en casos como la crisis griega de 2010 y la de Portugal de 2011. En total, el board está integrado por 24 directores ejecutivos que representan porcentualmente diferentes niveles de poder dentro del organismo. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia y el Reino Unido pueden elegir un director sin ayuda de ningún otro país. China, Arabia Saudí y Rusia eligen de facto un director cada uno; mientras que los 16 restantes lo eligen según bloques de estados. Argentina, a través del enviado local, Sergio Chodos, ocupa el grupo con Bolivia, Chile, Perú, Paraguay y Uruguay.
