El retorno a las aulas es un tema prioritario para el proceso de reactivación general de la vida económica, social, cultural y recreativa en el que están empeñados tanto los tres órdenes de gobierno como los diversos sectores de la sociedad y las propias instituciones educativas.
El regreso a clases presenciales ha sido abordado con singular énfasis por el gobernador Mauricio Vila Dosal, quien recientemente se ha reunido con los máximos directivos de las instituciones de educación superior y con la estructura operativa de la educación básica y de la enseñanza media superior en el estado.
Después de presentar el nuevo panorama epidemiológico que prevalece en la entidad y mostrar los avances significativos que se tienen en la campaña de vacunación contra el coronavirus, el Ejecutivo estatal también señaló que los jóvenes prácticamente han reactivado su vida social, cultural y recreativa, con excepción del regreso a clases, por lo que reiteró que se deben dar pasos firmes hacia la presencialidad educativa, esto con el fin de evitar más retrasos y pérdidas en sus procesos de formación.
Si bien el regreso a la presencialidad educativa tiene alta relevancia para la reactivación general de la sociedad, no deja de ser un asunto polémico y delicado. Esto obedece a que continúa el impacto adverso de la pandemia, prosiguen los contagios y persisten los temores entre estudiantes, maestros, maestras, padres y madres de familia.
Debido a lo anterior, y en razón de que aún no se atienden como debe ser las necesidades materiales de los centros educativos —que estuvieron prácticamente abandonados durante dos años— no se puede pretender lograr de inmediato un retorno a clases al 100 por ciento.
Es decir, el regreso a la presencialidad es y continuará siendo un proceso gradual y voluntario, y avanzará con paso firme en la medida en que se vayan creando las condiciones óptimas para que dicho retorno sea en verdad seguro y brinde tranquilidad a todos los actores involucrados en la noble tarea educativa.
No obstante estas reservas que la misma situación impone, considero que debe mantenerse el empuje hacia la presencialidad, ya que esta modalidad es la única que puede hacerle frente con mejores resultados a la innegable catástrofe educativa que ha generado el impacto pernicioso de la pandemia.
No se trata en modo alguno de ser apocalípticos, pero las apreciaciones de diversas personalidades y las estimaciones de algunos organismos revelan evidencias que no pueden soslayarse.
Ya desde mediados de 2020, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, señalaba lo siguiente: “La pandemia del Covid-19 ha causado la mayor disrupción que ha sufrido nunca la educación. Nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas. Las decisiones que los gobiernos tomen ahora tendrán un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes, así como en las perspectivas de desarrollo de los países durante decenios”.
En una sombría declaración emitida por la Unicef el pasado 23 de enero con motivo del Día Internacional de la Educación, se señala que más de 635 millones de estudiantes siguen afectados por el cierre total o parcial de las escuelas. Dicho organismo asegura que “para detener esta situación no solo es necesario reabrir las escuelas, sino ir más allá y dar un apoyo educativo intenso a los estudiantes”.
“Sencillamente —continúa Unicef—, estamos ante una escala casi insuperable de pérdidas en la escolarización de los niños, quienes han perdido las habilidades básicas de aritmética y alfabetización. Aunque hay que poner fin a las interrupciones del aprendizaje, no basta con reabrir las escuelas.
“Los estudiantes necesitan un apoyo intensivo para recuperar la educación perdida. Las escuelas también deben ir más allá de los lugares de aprendizaje para reconstruir la salud mental y física, el desarrollo social y la nutrición de los niños”.
Para el caso específico de México, el Instituto Mexicano para la Competitividad advirtió en 2021 que los mexicanos perdieron en promedio dos años de escolaridad, en tanto que la Unesco en México reconoció que el trabajo en línea redujo las horas de enseñanza en un 40 por ciento.
En nuestro estado en particular, hay que admitir que aún no se conocen a fondo las dimensiones reales que tiene la catástrofe educativa derivada de la pandemia.
Las autoridades estatales, conjuntamente con las instituciones educativas y los investigadores sociales, deberíamos ocuparnos de realizar monitoreos serios y estudios puntuales para saber cuál es la verdadera magnitud de las pérdidas y atrasos sufridos por los educandos y educandas con motivo del largo cierre de las escuelas.
Solo de esta manera podremos saber a qué realidad socioeducativa nos estamos enfrentando y qué acciones educativas emergentes se deben implementar para comenzar a resarcir los terribles daños causados por la pandemia en la formación de las nuevas generaciones. Veremos.— Mérida, Yucatán.
canek_1999@yahoo.com.mx
Doctor en Educación. Director de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.
