El Plan de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional en Cuba debe contar con un marco legislativo que permita su instrumentación, en lo cual se ha trabajado integral e intersectorialmente, y cuyo contenido se debatió este jueves en el Ministerio de la Agricultura, mediante una audiencia legislativa convocada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
La Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que es por ahora un anteproyecto, fue analizada durante el encuentro por Ramón Aguilar Betancourt, Presidente de la Comisión Agroalimentaria de la ANPP y el Vicepresidente de la de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, Yomil Rodríguez Fernández, además de Frei Betto, como asesor del gobierno cubano para la implementación del propio plan, y Marcelo Resende, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Cuba.
Además, estuvieron presentes funcionarios de varios programas de las Naciones Unidas vinculados a estos asuntos, así como dirigentes del Minag y otras instituciones y organizaciones involucradas.
Sobre el documento- coherente con lo que refrenda la Constitución de la República y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible- Mayra Cruz Legón, directora jurídica del Minag, explicó que este establece el marco legislativo general para alcanzar la soberanía alimentaria, así como fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en función de la protección del derecho de toda persona a una alimentación sana y adecuada.
Asimismo, aseguró, regula la organización de los sistemas alimentarios locales soberanos y sostenibles que articulan de forma intersectorial e interinstitucional la producción, transformación, comercialización y consumo de alimentos.
Acerca de la redacción de la futura ley y su Decreto Reglamento, dijo que se ha caracterizado por la participación intersectorial, interdisciplinaria, multinivel y de forma armónica de los representantes de 22 Organismos de la Administración Central del Estado, 12 Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial, 27 entidades, 11 organizaciones de la sociedad civil, académicos e investigadores de instituciones científicas y universidades, así como productores agropecuarios.
Por otro lado, detalló, se definen conceptos importantes como los de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional, además de los principios que rigen el derecho a la alimentación; no discriminación; sostenibilidad económica, social y ambiental; orientación a la nutrición; transparencia; precaución; autenticidad y veracidad en estrecha vinculación con la calidad de los alimentos y respeto a las tradiciones culturales.
En otro orden, Frei Betto consideró imprescindibles hacer varias observaciones, y entre ellas señaló un tema al que se le presta gran atención en el Plan de Soberanía Alimentaria: la cultura y la comunicación; al tiempo que se refirió a la importancia de los intercambios con los productores y las personas que viven en los campos.
Por otro lado, los criterios de varios funcionarios de las Naciones Unidas versaron sobre la necesidad de ponerle acción tanto a la Ley, una vez aprobada, como al Plan, si bien recomendaron continuar buscando alternativas para solucionar el tema de la alimentación en el país a corto plazo.
Ciertamente, fundamentó la vicepresidenta de la Comisión Agroalimentaria de la ANPP, Yanisbell Sánchez Rodríguez, la participación en todos los ámbitos, incluso desde el propio intercambio realizado, y contar con todos los criterios posibles en un entorno especializado es imprescindible para llegar con mejor preparación al pueblo y a otros momentos de debate.
Por otra parte, destacó que este texto de forma general puede tener un impacto en el corto y mediano plazo, inclusive porque se apoya, aunque no se note de forma explícita, de las mejores experiencias como el movimiento de campesino a campesino, el Programa Nacional de Agricultura urbana, suburbana y familiar, entre otras.
