Como cada año, el Consejo General de Economistas ha publicado el suyo Informe de la competitividad regional en España, ahora referido al 2021. La evaluación de la competitividad se hace sobre la base de cuantificar siete dimensiones o ejes estratégicos (entorno económico, mercado de trabajo, capital humano, etcétera) en cada uno de los cuales se tienen en cuenta entre siete y nueve variables, y a partir de los cuales se elabora el ICREG (Índice de Competitividad Regional). Las regiones más competitivas de España acostumbran a ser Madrid, Navarra y el País Vasco.
En la edición de este año se anuncia la necesidad de incorporar al ICREG la “competitividad fiscal” de las comunidades autónomas, lo que conformaría en el futuro un octavo bloque de variables. De momento, en la edición de este año parece que el Consejo utilizará en el futuro un documento específico sobre el tema, que adjunta a su informe, titulado Índice autonómico de competitividad fiscal. Este índice se elabora a partir de las aplicaciones que hacen a las comunidades de los impuestos IRPF, Patrimonio, Sucesiones, ITP y AJD e impuestos propios. Madrid y las tres provincias vascas resultan ser los territorios fiscalmente más competitivos, y Catalunya, el peor. De las cosas que me han sorprendido destaco, con todos el respetos, dos.
La primera es que de un ranking de primero, segundo, tercero… de 40 páginas se desprendan recomendaciones fiscales individuales para cada territorio, casi todas ellos idénticas (en un tipo de cortar y pegar), con pequeños matices para los mejor clasificados. Las recetas?: 1) reformar el IRPF reduciendo inmediatamente (en Catalunya y en Extremadura “drásticamente”) los tipos, fijando el máximo en el 20-21%; 2) en el Impuesto de Sucesiones, ampliar las bonificaciones y deducciones, y finalmente derogarlo en todas partes; 3) en Patrimonio, derogar o bonificar al 100% el impuesto (lo que se hace en Madrid); 4) en AJD, establecer el gravamen en el 0,5%-0,75% y en TPO el 6%; y 5) en impuestos propios, eliminarlos o limitarlos a 3, salvo en el País Vasco, donde no hay.
Lo segundo que me sorprende es que el Consejo avale y haga suyo un documento que se ve poco robusto en términos de las recomendaciones que se desprenden. Podría haber hecho un posicionamiento sobre la fiscalidad autonómica alabando Madrid y los regímenes forales, y pidiendo que el resto hicieran lo mismo, en caso de que no fuera imposible, porque equivaldría a extender un sistema tributario y financiero insostenible para el Estado y a que todas las comunidades fueran la capital de la España.
Modest Guinjoan es economista