La patronal tiene prisa por cerrar cuanto antes el pacto salarial con los sindicatos y evitar de esta manera que se cree un clima de conflictividad social. Es por ello que planteará un ritmo de negociación muy rápido del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) para que concluya a finales de marzo. En la CEOE temen que si las conversaciones se alargan, se corre el riesgo de que se multipliquen los obstáculos, más cuando se está en fase de aplicar progresivamente la reforma laboral con implicaciones cuyo alcance ni los mismos que la negociaron pueden determinar con precisión.
De esta manera, fuentes de la negociación indican que la patronal intentará acelerar estas conversaciones, que deben empezar formalmente el 3 de marzo, para que concluyan ese mismo mes. En teoría, en la urgencia coinciden con los sindicatos, que fueron los primeros en reclamar el inicio de las negociaciones. Pero alcanzar un acuerdo no será fácil. Una inflación disparada y las incertidumbres del contexto geoestratégico y sus repercusiones sobre la economía lo complican sobremanera.
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La importancia de este acuerdo es que fija el marco de negociación de todos los convenios para los próximos años, en principio para el período 2022-24, lo que garantiza un clima de tranquilidad laboral, dado que las líneas maestras están trazadas. Para entendernos, con un nuevo AENC, incidentes como los del metal en Cádiz en noviembre serán menos probables.
La dificultad viene marcada de entrada por la pérdida de poder adquisitivo que ya están sufriendo los asalariados, lo que ha llevado a los sindicatos a anunciar exigencias más duras. Desde UGT se reclama una subida superior al 3% y complementada con cláusulas de garantía salarial, una fórmula muy utilizada anteriormente, pero que la crisis del 2008 redujo de manera drástica. Ahora, los sindicatos exigen recuperarla y desde la patronal se ve difícil evitar que se vuelvan a reintroducir.
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Por parte de CC.OO., su secretario general, Unai Sordo, ha apuntado a la posibilidad de jugar con los varios años de duración del AENC para escalonar la subida, de forma que sea más aceptable para la patronal.
La inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados complican el acuerdo
El primer obstáculo viene determinado por la diferencia entre el IPC y la subida de los sueldos. Los salarios de convenio han subido ligeramente por encima del 2% al arranque del año, lo que supone medio punto más que en el conjunto del 2021. Sin embargo, esto queda muy lejos del 6,1% de la inflación en enero. El foso es enorme, y cubrirlo al menos parcialmente es lo que reclaman los sindicatos. Así reaccionaron cuando este martes el INE publicó el dato de inflación de enero.
Si se toma como referencia el anterior Acuerdo para el Empleo y Negociación Colectiva, que estuvo en vigor en el período 2018-2020, ahí se planteaba una subida salarial del entorno del 2% más un punto porcentual ligado a conceptos como la productividad, los resultados y la evolución del absentismo injustificado. Ahora, a nuevo contexto corresponde un nuevo acuerdo, que estará muy condicionado por la inflación que, según todos los organismos y los expertos, es transitoria, pero que se mantiene tozudamente instalada en lo alto más de lo previsto.
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Lo indica la Comisión Europea, cuando en sus previsiones de la semana pasada la aumentó a un 3,6% este año, aunque cayendo hasta el 1,1% en el 2023. También Funcas, a partir de los últimos datos del INE, actualizó sus cálculos y pronosticó que este febrero la inflación subirá hasta el entorno del 7%, y que no bajará por debajo del 5% hasta agosto, para completar una inflación media del año del 4,6%.
Otro elemento que será crítico es el papel de las cláusulas de garantía salarial que, para UGT, son una parte esencial del trato. Su secretario general, Pepe Álvarez, lo dejó claro cuando manifestó que “lo que no esté en el aumento del salario tiene que estar garantizado por una cláusula de revisión. Tenemos que ir a un acuerdo en el que demos un espacio de credibilidad para los que dicen que la inflación es un tema coyuntural, pero esta coyuntura, esta falta de seguridad no tiene que ir a cuenta del trabajador”.
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Esto supondría un giro en la tendencia de los últimos años. La mayor parte de los convenios registrados el año pasado no contaron con una cláusula de este tipo. En enero, solo el 17,1% la tenía.
Los sindicatos exigen recuperar las cláusulas de garantía salarial, abandonadas a partir de la crisis del 2008
En el anterior AENC, que caducó en el 2020, se hacía referencia a la posibilidad de establecer cláusulas de garantía salarial en los convenios, sin ir más allá. Un tipo de cláusula para la que la crisis del 2008 fue mortal. En el 2007, un 47% de los convenios que afectaba al 66% de los trabajadores la incluía. En el 2015, solo eran un 7% de los convenios con impacto en el 12% de los trabajadores, según un estudio de CC.OO..
Este pacto salarial es el reto más importante que tienen ante sí los agentes sociales. Vienen de un consenso favorecido por la pandemia, con multitud de acuerdos, especialmente con una reforma laboral convertida en el Everest del diálogo social, pero también con discrepancias como los últimos aumentos del SMI o la sostenibilidad de las pensiones. En este caso, es la búsqueda de un acuerdo a dos bandas, sin que el Gobierno intervenga directamente.
