Reunir 500.000 firmas para sacar a medio millón de personas de la irregularidad documental, que atraviesa sus vidas y las condena a la economía sumergida, la pobreza y los infraderechos. Una firma por persona. Ese es el objetivo de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) liderada por personas, colectivos y asociaciones de migrantes para conseguir que se debata en el Congreso una regularización masiva de quienes que están en España y no tienen papeles.
La campaña se llama #RegularizaciónYA y este es el segundo asalto para conseguir lo que sería un hito histórico. El primer intento fue en 2020, cuando el PSOE y la oposición se negaron a debatir el tema en la cámara, pese a que Portugal e Italia sí que hicieron regularizaciones masivas de migrantes en lo más duro de la pandemia para, como rezaba el eslogan del Gobierno que no lo hizo “no dejar a nadie atrás”.
Lejos de rendirse, la iniciativa ha encontrado nuevas vías para conseguir que se hable en el Congreso de las 500.000 personas que viven y trabajan en España pero no constan en el padrón ni tienen derechos. Quieren recoger medio millón de firmas para, vía ILP, obligar al debate en la cámara.
La campaña abarca todo el país y se ha organizado en comités autonómicos. Dolores Jacinto y Silvana Cabrera son las portavoces en València. “Queremos que toda la ciudadanía, no solo los migrantes, se involucren y nos ayuden, porque creemos que es de justicia“, reclama Jacinto. “No queremos que nos vean como el enemigo, al contrario, nosotras somos la vecina de rellano, el niño que juega en el equipo de sus hijos, la cajera del super o el repartidor que le trae la comida a casa“, añade.
“Queremos que toda la ciudadanía, no solo los migrantes, se involucren y nos ayuden, porque creemos que es de justicia”, dice Jacinto
Las firmas se están recogiendo en hojas selladas por la Junta Electoral y puede colaborar todo aquel con derecho a voto. El movimiento tiene distintos puntos de firma por toda la Comunitat y también se puede acudir a firmar a cualquiera de los actos o manifestaciones que se organicen de aquí en adelante.
Razones para la regularización
España ha hecho 6 regularizaciones extraordinarias en democracia. Entre el 96 y el año 2008 los países miembros de la Unión Europea han aprobado 43. No es algo nuevo. Y no es solo algo de justicia. Jacinto y Cabrera esgrimen muchas otras razones por las cuales “una regularización masiva sería algo muy bueno para España”.
La primera es la económica. “Estamos hablando de 500.000 personas en situación irregular según un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid (en la C.Valenciana no hay publicaciones similares). Imagina lo que sería que todas esas cotizaciones entraran en la economía”, explica Jacinto. “Supongamos que un cuarto de estos son menores de edad, pero para acceder a un permiso de residencia necesitas cierto nivel de cotización, así que sería muchísimo dinero en impuestos directos, porque indirectos ya están pagando”, recuerda. El estudio estima que cada persona aportaría unos 3.250 euros a las arcas del estado; “multiplica eso por 400.000“, argumenta Jacinto.
Una regularización -continúan- aprovecharía más la mano de obra. “Estamos viendo que se hacen contratos a temporeros de Honduras o Marruecos para que vengan, trabajen y se vuelvan, cuando esa mano de obra temporera ya la tenemos aquí. Lo que pasa es que no se les quiere ver, porque los empresarios agrícolas se están beneficiando de los tres años de irregularidad que te obliga a pasar la ley para quedarte en España, y se ahorran pagar cotizaciones”, denuncia Cabrera.
“Constantemente sale en los medios de comunicación cuántos inmigrantes necesita España para asegurar su futuro, pues bien, muchos ya los tenemos aquí y trabajando en la economía sumergida ¿Por qué no podemos regularizar su situación?”, dice Jacinto. A nivel de políticas públicas hay otro problema que recuerda Silvana. Estas 500.000 personas (estimadas) no cuentan en el padrón ni en ningún registro, así que es más difícil planificar los servicios públicos y medidas sociales sin esa información.
“No queremos que nos vean como el enemigo, al contrario, nosotras somos la vecina de rellano, el niño que juega en el equipo de sus hijos, la cajera del super”, dice Jacinto
En definitiva, Dolores y Silvana piden avanzar en derechos para todos. Pero en lugar de eso “se está hablando de velar la seguridad, es decir, el refuerzo de las fronteras cada vez más mortales y un aumento del discurso racista”. Un discurso -ironiza Jacinto- contradictorio. “Siempre se dice de las migrantes que vivimos de las ayudas y venimos a robar el trabajo a los ‘españoles’. Pues que me expliquen como es eso, porque o vivo de las ayudas o trabajo, es imposible las dos”, dice.
Esenciales pero discriminadas
Temporeros y trabajadoras del hogar son quizá los dos mejores ejemplos para mostrar lo esenciales que llegaron a ser las personas migrantes en pandemia. Lo siguen siendo de hecho. “Las trabajadoras del hogar fueron el segundo sector laboral con más contagios tras los médicos, y de eso pocas veces se habla. Los temporeros no pudieron parar, y trabajaban sin acceso a agua porque viven en chabolas“, denuncia Cabrera. Pero no ha habido “reparación de ningún tipo, y no se les dota de derechos ni se soluciona esto porque no hay voluntad política”, recrimina.
Silvana Cabrera dice que España tiene muy poca memoria de la migración. “La migración ha sucedido desde siempre. España tuvo una migración importantísima a Latinoamérica durante la Guerra Civil y los recibimos con los brazos abiertos”, apunta. Además, explica “España y muchos países europeos han sido -y siguen siendo, añade Dolores- expoliados por empresas españolas que dejan poblaciones enteras en la pobreza y les obligan a migrar”.
Pero Cabrera escarba más. La iniciativa aflora una cuestión de identidad nacional. “Ya es hora de que España se de cuenta de que no es solo blanca. Es un país diverso, con españoles negros, con rasgos sudamericanos, asiáticos, árabes, etc. Habitamos este territorio y somos parte de él como cualquiera”, sentencia.
Los argumentos están puestos encima de la mesa. Por justicia social. Por memoria. Por dotar derechos a los que no tienen. Por beneficiar a la economía. Por valorar a los esenciales y discriminados. Al final, es algo tan sencillo como esto que dice Jacinto: “Somos personas y queremos derechos”.
