Más que una reforma tributaria, a lo que el Presidente electo Gabriel Boric aspira es a “un nuevo pacto fiscal que sea producto de un diálogo social amplio, no dilatorio, con cambios duraderos y estables en el tiempo“, como les precisó a los empresarios en Enade. Cambios que no se vean como “una confrontación entre buenos y malos” o “un enfrentamiento entre clases sociales”, enfatizó.
¿Es posible? ¿Cómo podría avanzarse en esta ruta? ¿Qué temas resulta ineludible incluir? PAUTA invitó a dos expertos a dialogar sobre este tema: la country managing partner de EY Chile y directora de AmCham, Macarena Navarrete, y al excoordinador tributario del Ministerio de Hacienda y director ejecutivo del Centro Contribuye, Ricardo Guerrero.
Un pacto fiscal no es una reforma tributaria, aunque la incluye. Se construye sobre la base de una reflexión colectiva sobre el rol del Estado y su relación con los ciudadanos, como la que existe en el proceso constituyente. Su meta es garantizar recursos para financiar las acciones que se definan para el Estado, por lo que abarca tanto los ingresos fiscales como los gastos.
A juicio de Guerrero, el pacto fiscal de Chile está obsoleto. No solo el Estado gasta más que los ingresos que recibe, indica, sino también el sistema tributario “no recauda lo necesario y le falta legitimidad”. Añade que quienes aspiran a incrementar la recaudación “también deberían tener la bandera de la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas del Estado a los ciudadanos sobre el gasto“.
La socia líder de EY afirma que “un pacto fiscal es algo que debimos empujar hace mucho”, aunque admite que eso exige consensos que “son difíciles de lograr”. Critica que las reformas tributarias impulsadas por los gobiernos no fueron exitosas porque se desdibujaron en el camino. Los acuerdos, enfatiza, permitirían tener “cambios que perduren en el tiempo”.
El ministro de Hacienda de Gabriel Boric dice: “Cuando la disciplina fiscal se debilita, el primero que paga el costo va a ser la ciudadanía en términos de inflación”.
No existe una receta ni un camino único. Por lo tanto, hay varias opciones que puede evaluar el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel.
“Hay varias discusiones que se dan en diferentes niveles y, por lo tanto, la forma en que se expresa el pacto podría no ser igual en todos ellos”, dice Navarrete. Añade que en la Convención Constitucional se debate sobre el tamaño del Estado: “Y hay coincidencia en la necesidad de tener un Estado que provea mayores servicios y bienestar, pero no hay tanto consenso en cuanto más debe hacer respecto de lo que tenemos hoy”.
El director del Centro Contribuye apunta también al pragmatismo, al estimar que “no todo podrá estar dentro de la conversación más larga de pacto fiscal”. Sostiene que en materias donde hay menos consenso o requieren más análisis se deberá evaluar cómo avanzar, “si hacerlo con comisiones de expertos, sociedad civil, universidades, políticos. Hay experiencias en otros países de comisiones permanentes de evaluación de pactos tributarios”.
Para Navarrete, hay consenso sobre la insuficiencia de la recaudación, algo que el mundo empresarial planteó en Enade, y “también hay un consenso sobre la inequidad de la contribución”.
La abogada señaló que lo central para que las personas con mayores recursos contribuyan más es revisar las normas de postergación del pago de impuestos personales por parte de los dueños de empresas. “[Esas normas] son legítimas y necesarias, pero en Chile son extremas. Hay que encontrar un mecanismo para que esa postergación, para propósitos de inversión y ahorro, no sea total e indefinida”, subrayó.
Guerrero estima que como el futuro Gobierno necesita concretar cambios tributarios con cierta rapidez para financiar su programa, es razonable que prefiera “los temas donde hay más consensos hoy, como la eliminación de ciertas exenciones, royalty a la minería, cerrar espacios de evasión y elusión”. Opina que otros temas, como la tributación de las empresas, exigen mayor estudio para generar propuestas de más largo plazo.
Editada por los académicos Cristóbal Otero y Jorge Atria, la obra desafía el consenso y pone el foco en el rol que tienen hoy los impuestos al consumo y a los ingresos.
Los abogados también opinaron sobre la propuesta de la Comisión Formas de Estado de la Convención Constitucional, de crear una Asamblea Legislativa Regional que pueda “fijar, modificar o suprimir contribuciones y tasas o establecer beneficios tributarios de carácter regional”.
Guerrero advirtió que esta norma debe evaluarse mirando las reglas generales sobre descentralización fiscal sometidas a discusión, que determinarán el marco para los ingresos y gastos de las regiones y su relación con el poder central. Sostuvo que en el mundo, gobiernos locales y regionales puedan fijar políticas tributarias restringidas a contribuciones y tasas, “que en general son pagos por servicios que realizan a los ciudadanos”, pero no establecer o modificar impuestos que tengan un carácter nacional, como el IVA o el impuesto a la renta.
Sobre estas posibilidades que se están abriendo en el debate, Navarrete dijo que “no las encuentro tan dramáticas”. Eso sí, advirtió que en la práctica, cuando existen distintos gravámenes entre regiones, se genera arbitraje, competencia y “operar se hace más complejo y más caro para las personas de menores recursos”.
Vea el diálogo completo entre Macarena Navarrete y Ricardo Guerrro:
La Comisión Formas de Estado avanza en la instalación de autonomías locales. Proponen nuevos cargos de “asambleístas” en cada región y que puedan contratar préstamos.
