Lo que se debate usualmente entre los tomadores de decisión y financistas es incluir o no el factor de “extrema pobreza” en los documentos oficiales cuando queremos vender turismo o inversión del exterior. Algunos alegan que el quedar expuestos puede regresarnos como búmeran y ahuyentemos la inversión. ¿No sería mejor atacar el problema de fondo con educación superior y tecnología? Primero, cualquier inversionista serio a nivel internacional valora los incentivos, los acuerdos comerciales, la reducción de impuestos y la certeza jurídica, entre otros detalles que les permitirían tener una mayor eficiencia en el destino de sus fondos. Pero nunca esperan que se les oculte la pobreza, porque es parte de los factores que determinan los productos a vender y dónde y a quién venderlos, y, sobre todo, sopesan si los gobiernos hacen algo por hacer crecer la clase media. En síntesis, al atacar el problema fomentando la educación superior y formando a los jóvenes en carreras tecnológicas lograremos despegar al nivel de otros países desarrollados.
La certeza jurídica es otro factor clave para los inversionistas extranjeros. Que no se cambien las reglas del juego a última hora, ya que resulta fatal para la inversión. Recordemos que la certeza jurídica es un principio del derecho, universalmente reconocido. La certeza del derecho significa que el inversionista podrá confiar en lo ordenado o permitido por el poder público y que las leyes lo amparan y que no andará sobre arenas movedizas.
Pero regresando al tema de la pobreza extrema, si un niño lustrador de zapatos de 10 años de edad sigue sin ir a la escuela o sigue sin recibir educación superior, todo lo que hará será seguir lustrando zapatos el resto de su vida, sumido en una pobreza extrema. El asunto es, entonces, ¿qué leyes o políticas apoyamos? Para las naciones en desarrollo, incluida América Latina y el Caribe, las IED, son las inversiones extranjeras directas la principal fuente de financiación externa por encima de las remesas. En Guatemala es al revés, pues cuesta que nos lleguen las inversiones extranjeras cuando el recurso humano no está calificado en conocimientos técnicos, habilidades gerenciales y de organización, entre otros.
Tampoco debemos enfocarnos únicamente en la población urbana, sino abordar la ruralidad junto al desarrollo sostenible, especialmente frente al reto competitivo. Lo principal es no dejar fuera los instrumentos de política o de educación orientados al apoyo de las comunidades del interior.
¿Qué ha hecho Costa Rica para incentivar a las grandes empresas tecnológicas a invertir en su país? Le han apostado a la educación superior en tecnología. Nosotros podemos hacer lo mismo, no concentrándonos únicamente en la población urbana, sino en la rural, que es la más populosa. ¿Sabían, mis queridos lectores, que casi la mitad de la mano de obra guatemalteca está en el área rural y que el 47% de la población económicamente activa se concentra allí? Una de cada cuatro personas es población ocupada pero poco remunerada. Por ende, debemos reducir brechas entre lo rural y lo urbano, pero tomando en cuenta que mucha demanda de la mano de obra especializada está en la tecnología.
Articular lo rural y lo urbano debe constituirse en una prioridad y un proyecto de nación para ir cerrando brechas entre dos realidades y políticas conducentes al desarrollo económico incluyente. Si priorizamos la educación tecnológica por sobre todas las cosas veremos cambios drásticos en nuestra economía y tendremos a nuestras puertas la ansiada inversión internacional. Solo así gozaremos de los beneficios competitivos a nivel mundial y veremos a Guatemala avanzar.
